25 de May de 2015 20:32

Gasto social se enfoca en nuevos centros educativos y de salud

En marzo se realizó el III Encuentro Fab Lab en Yachay, Imbabura. Foto: Archivo.

En marzo se realizó el III Encuentro Fab Lab en Yachay, Imbabura. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Ana María Carvajal
Redactora (I)

La inversión en infraestructura para salud y educación es uno de los principales proyectos del Gobierno hacia el 2017. Mientras el Ministerio de Salud planifica levantar unos 300 centros, el de Educación prevé abrir la misma cantidad de Unidades Educativas del Milenio (UEM) convencionales y 200 provisionales.

Esa tendencia a mostrar obras físicas se ha evidenciado en las últimas semanas, como en el caso de la inauguración de una UEM en Dayuma y un Centro de Salud en Joya de los Sachas, en la Amazonía. También en Quito se han realizado actos públicos para presentar obras como el dispensario de Guamaní, que estuvo listo semanas antes de que el presidente Rafael Correa entregara formalmente el edificio.

Sin embargo, la inquietud es si se podrá cumplir con lo proyectado, tomando en cuenta que desde el 2008, año en que se inició el proyecto de Unidades del Milenio, se han levantado en el país 59 y otras 34 están en construcción.

Para el asambleísta Luis Fernando Torres, estos anuncios tienen un trasfondo. “La obra pública en salud y educación le permite al Gobierno preparar el camino de cara a las elecciones del 2017, por la satisfacción que producen estas obras”.

La pregunta en este caso es si los recursos para estas construcciones, que provienen fundamentalmente del petróleo, alcanzarán para culminar lo proyectado, pese a que la caída del hidrocarburo ha incidido en el presupuesto para obra física.

Torres cita el caso del hospital de la parroquia de Santa Rosa, en Ambato, que según él lleva paralizado ocho meses. Además, considera necesario analizar que hace falta ingreso corriente para pagar el sueldo de los profesores y médicos que cubrirán las nuevas plazas.

Al respecto, la exministra de Educación, Rosalía Arteaga, considera que este es el Gobierno “que más publicidad ha hecho. Indudablemente eso repercute en la percepción de la gente en cuanto a obras. Pero en educación, los resultados se ven en la siguiente generación y tengo temor en ese sentido”.

Gran parte de las reformas en esta área se basan en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), vigente desde el 2011. Al respecto, Milton Luna, de Contrato Social por la Educación, considera que el modelo de gestión es defectuoso, porque el concepto de calidad no ha sido consensuado.

“Nos hemos llenado de tecnología y edificios muy bonitos, pero el modelo educativo y la formación docente son temas de riesgo”, dice. Según su criterio, la educación aún se basa en propuestas tradicionales, con una mirada de mercado, “bajo conceptos meritocráticos que ponen a grandes proyectos como las UEM o Yachay en un escenario de relatividad sobre sus probables logros”.

La capacitación de los maestros y un refuerzo en la conexión entre educación básica, bachillerato y universidad, son necesarios para mejorar la calidad, según ambos analistas.

Este mes se inician las clases en la Universidad Nacional de Educación (UNAE), una de las obras educativas bandera del Gobierno. Además están Yachay, enfocada en investigación tecnológica y científica; Ikiam, en medioambiente, y la Universidad de las Artes.

René Ramírez, secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, afirma que a través de convenios con universidades iberoamericanas se plantea que 10 000 profesores obtengan un máster.

En el área de salud, Armando Salcedo, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, cree que no se trata solo de hacer centros de salud y hospitales, sino de reforzar la cobertura, a través de la formación de especialistas ecuatorianos, para no “importar médicos”.

Salcedo cree necesario ampliar la oferta de posgrados en el país y mantener programas de becas y crédito educativo para formarse en el extranjero.

Al respecto, Ramírez explica que la oferta de especializaciones, a cargo de las universidades, aún es baja en el país y antes no cumplía con los estándares del Ministerio de Salud. Por eso explica que el Consejo de Educación Superior tiene más presupuesto para Medicina que para otras carreras.

Para cubrir la demanda, el Gobierno maneja cuatro ejes: rearticulación de especialidades médicas, becas y crédito educativo, contratación de médicos extranjeros en áreas con déficit y un incentivo económico por posgrados, dice Ramírez.

Otra proyección en cuanto a salud es reforzar la medicina preventiva, que según el asambleísta Carlos Velasco forma parte de los puntales de la Red Integral de Salud, que reorganizará la atención en Ecuador.

Este Diario consultó al Ministerio de Salud sobre el tema, pero aún no recibe respuesta. Pero Velasco adelanta que la estructura de la Red consta en el proyecto de Código Orgánico de Salud que se debate en la Asamblea y que establecerá el marco jurídico para la aplicación de políticas públicas.

A Salcedo también le preocupa la inclusión de dispensarios y hospitales de Seguridad Social en la Red, porque afirma que tienen un origen diferente. Si bien acepta que Salud debe ser el ente regulador, agrega que “si el Ministerio ni siquiera se alcanza con la población que tiene, peor lo hará con Seguro Social” , porque este debe conservar su independencia.

La seguridad social es un derecho de la población y no un privilegio de un grupo, arguye Velasco. Por eso, dice, sus unidades se sumarán a la Red Pública Integral de Salud, junto a las del Ministerio, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para ampliar a la gente.

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