Las autoridades y la Asociación de Docentes no llegan a acuerdos en ajuste salarial, carga horaria, categorización del profesor de tiempo parcial, principalmente. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.
Sus voces de protesta no menguan y pese al temor a posibles represalias, los profesores de tiempo parcial de la Universidad de las FF.AA. insisten en denunciar precariedad y discriminación en sus labores.
Un ajuste salarial pendiente desde el 2011, la revisión de su carga horaria de clase, la posibilidad de ejercer la cátedra a tiempo completo son parte de una serie de demandas, que han presentado a las autoridades internas y externas, sin eco.
En las oficinas de la Asociación de Docentes (Adespe), su presidente, Edwin Cevallos, reconoce que el año anterior se otorgaron nombramientos a 741 docentes, tras laborar por contrato, en muchos casos, más de una década.
Pero este reconocimiento no se refleja en sus finanzas personales. A fin de mes, todo sube menos su salario. Según los registros de la Adespe, unos 400 profesores, en su mayoría de tiempo parcial, no tienen regularizada su situación.
Su reclamo parte de que no se ha cumplido con la vigésima sexta transitoria del reglamento de la Ley de Educación Superior, vigente desde el 2 de septiembre del 2011.
Ahí se establece que hasta la aprobación del reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador, los incrementos de sueldo se harán según la tasa de inflación del período fiscal anterior o al porcentaje del último aumento del salario mensual unificado.
El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó dicho escalafón en octubre del 2012 y en este, a su vez, se ordena a las universidades que las nuevas escalas salariales rijan luego de que aprueben sus reglamentos internos. En este caso, esto se logró en junio del 2014, pero la espera por el ajuste de sueldos continúa hasta la fecha.
Según Roque Moreira, rector, “la precariedad no existe” en esta universidad y explica que un profesor de tiempo parcial gana de manera proporcional a las horas trabajadas, tomándose como referencia las 40 horas semanales de un profesor de tiempo completo. “…En todos los casos superan los salarios mínimos establecidos en la tabla del CES”.
Pago de horas extras
Cevallos insiste en que no solo se incumple con el alza salarial, sino que la carga horaria de clases y el pago de horas adicionales no se ajustan a lo que fija el reglamento del CES.
Los docentes con dedicación parcial, según esta norma, pueden impartir entre 2 y 9 horas semanales de clase. Y por cada hora académica, al menos, deben dedicar una semanal para el resto de actividades.
En el caso de Cevallos, su carga horaria ha llegado a 24 horas semanales. Pero en su rol mensual le han pagado por 19 horas, que corresponde al profesor de tiempo parcial y por las extras cobra con factura. El problema, agrega Cevallos, es que si pagan 20 horas por rol estarían reconociendo que trabajan medio tiempo y esto redundaría en un mayor pago.
Aclara que esta carga horaria es de cátedra y no se toma en cuenta todas las horas que dedican a la preparación y actualización de clases, seminarios, talleres, calificación de pruebas. “Todo esto lo hacemos muchas veces en la casa, quitándole el tiempo a la familia”.
En esto tampoco coinciden con Moreira, quien afirma, que se cancela “la totalidad de carga horaria de dedicación semanal de conformidad con el art. 50 del reglamento del CES”.
Aunque reconoce que se está analizando un plan para bajar las horas de clase y que está concatenado con un rediseño curricular de carreras, que exige el reglamento de régimen académico del CES.
Cátedra a tiempo completo
Raúl Villacís, profesor de Derecho, cuenta que en sus 11 años de docencia ha dado hasta 23 horas semanales y actualmente tiene 18, por lo que ya no cobra las clases extras con factura. Pero su aspiración es que reconozcan su título de doctor en leyes y una maestría que está concluyendo para laborar a tiempo completo.
Este anhelo también lo tienen otros 102 profesores, quienes presentaron solicitudes, pero no fueron tomados en cuenta, dice Cevallos. El abogado de la Adespe, Carlos Poveda, explica que al no ser considerados en esta categoría se precariza su permanencia laboral, por la falta de reconocimiento económico y en su estatus académico.
El proceso de categorización y sus resultados, según Moreira ya fue notificado a los profesores y están a la espera de la aceptación o apelación.
También, están gestionando con la Senescyt, CES y Ministerio de Finanzas, los recursos para disponer del porcentaje de profesores de tiempo completo, que le permita a la entidad obtener el máximo puntaje por este indicador en el proceso de acreditación, que deben pasar las universidades.
Cevallos asegura que desconocen la política de reducción de horas y categorización. Piden, además, que para ser titular a tiempo completo se reconozca maestrías y no se exija el grado de doctorado, para lo cual hay plazo hasta el 2017.
Este Diario consultó al CES sobre esta problemática y Marcelo Cevallos, uno de sus miembros, detalló toda la normativa actual que se debe cumplir en el interior de la entidad.
Discriminación
Otro profesor de informática, Diego Pinto, no solo se siente afectado sino perseguido. Pese a que tiene nombramiento desde hace un año no le asignan horas de clase y tampoco le explicaron las razones.
En su caso ya tiene una maestría y está cursando el doctorado en la Universidad de la Plata, de Argentina, para lo cual ha tenido que enfrentar trabas, para asistir a las clases. Y, pese a estos logros, no ha podido acceder a la docencia de tiempo completo. Presentó un reclamo por discriminación, pero ahora su caso fue llevado a consejo de disciplina por ofender la dignidad de la institución.
Paúl Medina, investigador y doctor en matemáticas, cuenta que después de haberse quejado por discriminación en el pago salarial tuvo que afrontar un proceso disciplinario, por faltar a la cortesía de la autoridad.
En una reunión -explica- se negó a asistir al minuto cívico de los lunes, en el que se canta el himno nacional. Tuvo que presentarse con abogado y aunque solicitaron que se les entregue la documentación de respaldo y que estén presentes en la toma de versiones de testigos, su pedido no fue acogido.
Fue sancionado con una amonestación por escrito por haber faltado a la cortesía y se concluyó que asistir al minuto cívico no afectaba sus derechos. Su apelación fue negada.
Aunque Moreira enfatiza que están abiertos al diálogo con profesores, alumnos, etc.