29 de marzo de 2017 08:58

Moreno ofrece seguridad social para los artistas; Lasso, zonas francas culturales

Ambos postulantes se ciñen a su línea ideológica en cuanto a la gestión de la cultura

Ambos postulantes se ciñen a su línea ideológica en cuanto a la gestión de la cultura. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Cultura
(I)

La aprobación de la Ley de Cultura en el 2016 es uno de los hitos de este período gubernamental en el ámbito cultural. Con ella, se consolida una forma de gestión, de acceso a los recursos y de conceptualización que empezaron en el 2007, cuando se creó el Ministerio de Cultura, como un ente independiente del área educativa.

El espíritu reorganizador primó desde el inicio en esta cartera de Estado. Como sostiene el viceministro de Cultura y Patrimonio, Juan Martín Cueva, el objetivo ha sido poner fin a la “superposición de funciones, competencias, atribuciones y ámbitos de gestión” y contar con un Sistema Nacional de Cultura.


La creación de la Universidad de la Artes es otro de los emblemas en gestión a favor de la cultura de estos años. La regencia y reorganización de la mayor parte del sector ha tenido resultados positivos como el establecimiento de mecanismos para que además de contar con financiamiento, los productos culturales tengan canales adecuados de distribución, circulación y acceso. Y además se creó el Registro Único de Actores Culturales (RUAC), con el fin de mapear y conocer más el sector.

Sin embargo, esta voluntad abarcadora y el flujo de dinero en las arcas públicas, durante los primeros años, sacaron, paulatinamente, de escena a la inversión privada. Lo cual dejó a los actores y gestores culturales a merced de los planes del Estado y del financiamiento que este les puede ofrecer.

Cueva reconoce que esta situación, sumada a la falta de una normativa más clara (que solo se tendrá una vez que esté listo el reglamento de la Ley de Cultura) han convertido al Ministerio, en algunas áreas, en una especie de “gestor cultural”; lo cual ha derivado en una relación “clientelar” entre los actores culturales y el Estado. Los Fondos Concursables, que se aplican a diversas áreas, son el canal a través del cual se distribuyen los recursos públicos entre actores y gestores culturales.

Hasta 1999, la ley permitía que empresas privadas pudieran deducir de sus impuestos el apoyo otorgado a iniciativas culturales y artísticas. Desde el inicio de este Gobierno hubo la expectativa de que aquello se retomara, pero ha demorado en hacerlo. La Ley de Cultura dio cabida a una modalidad que restablecería esta posibilidad, pero aún no existe un reglamento que lo permita.

Otra deuda que deja el Gobierno, en sus afanes reorganizadores, es el restablecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinab), que fue suspendido en el 2014 con la intención de mejorarlo y hasta ahora sigue sin funcionar. Antes de la desaparición del Sinab el país contaba con 987 bibliotecas públicas, para el 2015 no sumaban más de 700.

Un punto polémico, en esa misma línea de reorganización, es la propuesta de un nuevo esquema de funcionamiento para la Casa de la Cultura, en coordinación directa con el Ministerio. Un planteamiento que muchos han leído como la pérdida de autonomía de dicha institución. Desde el Gobierno se niega que esa sea la intención y se asegura que se busca optimizar recursos.

Entre el 2008 y el 2016, según el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Estado ha destinado USD 365 247 494.

Las propuestas de los candidatos

Lenín Moreno asegura respetará la diversidad de expresiones culturales y que el fomento público a las artes y la cultura continuará. Otra de sus ofertas es la afiliación a la seguridad social de los artistas y gestores culturales y el reconocimiento académico de sus trayectorias. También, dice que saldará las “deudas pendientes” con el Plan Nacional de Fomento al Libro y la Lectura; el fortalecimiento de las Redes nacionales de bibliotecas y museos; y la reactivación de la política de conservación patrimonial.

Guillermo Lasso dice que creará un marco legal con menos restricciones y más libertad. Por ello asegura, por ejemplo, que la CCE gozará de total autonomía. Su propuesta medular es atraer inversión a través de zonas francas para el desarrollo de la industria cultural. Y a este eje ofrece añadir el incentivo tributario para canalizar donaciones e impulsar el mecenazgo. Dentro de su plan está convertir a la cultura en un dinamizador de la economía y el empleo.

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