Carlos Jaramillo

‘Cada vez más grave’

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25 de June de 2011 00:02

El Presidente de la República y el Ministro del Interior afirman que ha bajado el índice de homicidios y robos en el país, según sus estadísticas. Philip Alston, Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas, ONU, presentó, hace pocos días, un informe al Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en el que enfatiza que “el crimen organizado es un problema cada vez más grave en Ecuador”; que el índice de homicidios se ha disparado en los últimos 20 años y que operan más de 700 bandas delictivas.

El observador internacional agrega que la duplicación de homicidios entre 1990 y el 2009 se atribuye a la mayor actividad de la delincuencia organizada, al aumento del tráfico y consumo de drogas y a la inseguridad económica, entre otros factores; que los asesinos rara vez son identificados y casi nunca capturados; que la impunidad de la que gozan los sicarios es casi absoluta y que ofrecen sus servicios en Internet y en bares; señala excesos del Ejército y “casos graves de ejecuciones ilegales cometidas por la Policía”.

La prensa informa todos los días, porque no puede ni debe ocultar, el torrente de asesinatos, robos, violaciones, etc., que se multiplican incesantemente en Quito y en otras ciudades del país.

Tema casi obligado en las reuniones de amigos es la tremenda inseguridad que tiene en ascuas a la gente y que se manifiesta en diversas formas, algunas de ellas inverosímiles.

El criterio generalizado es que casi no hay familia en la que uno o más miembros no hayan sido víctimas del desate delictivo y que las estadísticas oficiales no reflejan la verdadera dimensión del drama social, porque muchas personas que han sufrido algún daño material o sicológico se abstienen de formalizar su denuncia, por temor a represalias de los malhechores y porque saben que, en la mayoría de los casos, es una pérdida de tiempo.

En realidad es un problema atávico, complejo y enraizado, del que no se puede responsabilizar, exclusivamente, a la Policía, a los fiscales y jueces ni a las autoridades actuales, pero si es evidente que en muchos casos su labor deja qué desear y que algunos de sus miembros estarían inmersos en actos de corrupción, como demuestra el hecho de que en un recinto policial se ha desmantelado a tres patrulleros, de los que se han llevado hasta la caja de cambios. ¿Cómo se puede confiar en individuos de esa calaña, encargados de velar por la seguridad ciudadana?

Lo bueno es que el Ministro del Interior dio a conocer que se implementará otro Plan de Seguridad y el Primer Mandatario anunció que va a dar atención prioritaria al problema y que él, personalmente, va a monitorear los esfuerzos que se hagan para frenar tan tremendo azote, que requiere una acción urgente, conjunta, enérgica y permanente.