Constituye un avance el concentrar la planificación y el control del tránsito en el Municipio de Quito, de conformidad con el ordenamiento que establece el Código Territorial. Dentro de las competencias del gobierno autónomo descentralizado la norma establece la posibilidad de gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno y así se ha procedido.
Luego de Cuenca, se ha asumido las tareas en la capital con grandes desafíos y la necesidad de ajustes urgentes, propios del inicio de una tarea. Al menos la primera semana se ha complicado el flujo del tránsito, especialmente en las horas pico.
Hay avances logrados en la movilidad de Quito pero también cuentas pendientes. Por ejemplo, dentro del caos en la transportación masiva, que ha sido la tónica, hace cuatro años se ofreció el control de los buses urbanos, que se sometan a la ley y que dejen de correr tras los pasajeros, con una lógica organización y el establecimiento de una caja común. Sin embargo, más allá del anuncio que estará listo para las próximas semanas, han pasado cuatro años y se retoma cuando la campaña electoral está a la vista.
Basta observar lo que pasa en las calles y avenidas de la ciudad para corroborar que no ha cambiado la forma de trabajo, que siguen corriendo para ganar pasajeros y marcar la hora en los relojes ubicados en determinados lugares. ¿Qué pasó con los GPS que adquirió la ANT y que permiten ubicar y determinar el comportamiento de las unidades? El problema no es solo de cambio de instituciones ni de personas, sino de transformaciones estructurales, de conductas, de ofrecer mejores servicios, de proscribir la corrupción, que siguen pendientes.
El caso de los nuevos agentes civiles, los uniformes están vistosos, es bueno incluso que algunos de ellos cuenten con estudios de tercer nivel. Sin embargo, no cuentan con un número visible que los identifique plenamente como sucede en otras grandes ciudades de Latinoamérica y que también lo hicieron los policías nacionales. Eso genera transparencia en la práctica, no en el discurso, y confianza en los usuarios.
No es posible que en lugar de avanzar se retroceda dentro de la ciudad en la unificación del sistema de cobro de peajes dentro del Distrito Metropolitano. Una es la responsabilidad del Municipio en el uso del túnel Guayasamín y otro de la Prefectura de Pichincha en la autopista Rumiñahui. Antes, con el mismo dispositivo servía para los dos trayectos, con pagos separados. El Concejo mejoró y actualizó el dispositivo y la Prefectura ofreció nuevos pero ha pasado tanto tiempo y no existen. El Alcalde ofreció buscar una mejor coordinación pero el gobierno provincial no responde. El perjudicado final es el usuario, que quiere soluciones y no justificativos.