Farith Simon

¿Impuestos solidarios?

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@farithsimon

El debate sobre el impacto real o sobre el uso final que se de a los recursos recaudados con el reciente proyecto de “Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana por la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016” aprobado por la Asamblea Nacional y pendiente de ratificación por parte del Ejecutivo, no se dio pero se podrá evaluar posteriormente.

Estoy seguro de que el oficialismo dirá que esas preocupaciones están resueltas porque en el proyecto se establece que los recursos obtenidos por las contribuciones creadas por esa ley, se registrarán en una cuenta específica del Presupuesto General del Estado para la “construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto…”; se dará información específica sobre el uso de esos recursos; y la Contraloría tiene el deber de informar, anualmente a la Asamblea, “sobre los actos de control previo continuo y posterior ejecutados sobre el manejo de los recursos provenientes” de la ley”.

La consideración de que beneficia a la reconstrucción de las zonas afectadas puede ser tan amplia que será difícil determinar, con la institucionalidad actual, si se usan esos fondos en los objetivos establecidos.

Me preocupa la calificación de “solidaria” que los legisladores le dieron a la ley en su título. Parece ser un claro eufemismo para nuevas cargas tributarias y retenciones compulsivas de los salarios, que no califican para designarse como solidarias.

La solidaridad implica una acción voluntaria, por tanto, incompatible con la noción de obligatoriedad o de imposición que conlleva la ley. Y se establece un deber cuyo incumplimiento acarrea una sanción.

Las conductas impuestas se constituyen en límites extrínsecos a nuestra voluntad. Lo aprobado en la Asamblea no puede calificarse de solidario, es una expresión de poder, incluso en el supuesto de que todos los ciudadanos aceptemos gustosos -lo cual no es verdad- las nuevas cargas fiscales.

Esta disquisición puede parecer inútil desde una perspectiva puramente pragmática, la obligación ya se estableció y esta puede justificarse por la necesidad de contar con recursos para enfrentar una situación extraordinaria. Sin embargo, es una suerte de chantaje moral a los ciudadanos y desmantela este universo paralelo en la que muchos se mueven, convencidos de que al llamar a las cosas por otro nombre cambian la realidad; poner nombres de fantasía con usos propagandísticos no debería ser una tarea de legisladores sino de publicistas. La responsabilidad política empieza por ser consecuentes con las decisiones que se toman en el ámbito público.

Un asambleísta del oficialismo calificó de inconsecuentes a quienes votaron en contra de la mal llamada “ley de solidaridad”. Es fácil escudarse en una palabra para señalar a otros y no asumir el costo político del incremento de impuestos y de la retención de salarios, luego de años de dispendio de los recursos públicos.