Miguel Rivadeneira

¿Se quiere cementerio con vivos?

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24 de June de 2013 00:02

La principal responsabilidad en una sociedad democrática es informarse bien y con ello libremente, sin presión de ningún sector público ni privado, pronunciarse como quieran pero con cabal conocimiento de causa de los hechos. No inducidos por nadie. Lo peor que puede pasar es aplaudir con los ojos cerrados. Siempre el razonamiento y el pensamiento crítico, del que tanto se habla y no se tolera, es fundamental.

El proyecto de Ley de Comunicación aprobado por la Asamblea ha recibido críticas por atentar contra la Constitución y convenios internacionales. Unas objeciones han sido de forma. Cómo se llegó a votar sin debatir el último texto, entregado con cambios de última hora antes de la aprobación final. Deslegitima la inclusión de textos que no fueron sugeridos en el segundo debate, como dispone el art. 61 de la Ley de la Función Legislativa.

Tiene un mandato constitucional y otro mandato popular incumplidos. Hay aspectos positivos como aquel si se lograra terminar los malos ejemplos en medios audiovisuales de telenovelas y programas de violencia. Empero, hay disposiciones que van contra la Convención Americana de DD.HH. y la Constitución, que establece la jerarquía de las normas: la Constitución, los convenios internacionales y luego las leyes. Atenta contra la Constitución que establece que no habrá censura previa.

Se pretende sancionar con la nueva figura del "linchamiento mediático". Se intenta afectar los seguimientos periodísticos de casos de corrupción que en todos los gobiernos ha existido. Con esta norma el país no habría podido seguir en los medios el desarrollo del nefasto feriado bancario hasta que no se ejecutoríe la sentencia, que 13 años después de los hechos no se ha dado en el caso contra el ex presidente Mahuad. Igual el caso del primo Pedro, que fue homenajeado públicamente por "las infamias" de la prensa, hasta cuando el mismo inculpado reconoció en público la falsificación del título, pidió disculpas, se fue a Miami y el caso recién está en indagación.

La Constitución establece que no podrán ser funcionarios ni miembros directivos de entidades que ejerzan la potestad de control y regulación quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas. En los denominados medios públicos hay los de carácter oficial, que está bien que existan pero está mal que sean controlados por quienes tengan una representación del mismo sector.

Se legisla en forma discrecional, que con razón se criticó del pasado, porque se deja abierta una puerta para sancionar por contenido discriminatorio porque se señalan los sectores pero al final se pone "y otras" en donde puede entrar lo que desee el juzgador.

Se pretende tener un país con el silencio de un cementerio pero en su interior con seres vivos condenados a su muerte en la expresión y el pensamiento crítico?