Enrique Ayala Mora

Procedimiento de consulta

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A estas alturas es ya un amplio consenso nacional que se debe convocar a una consulta popular para que se den los cambios urgentes que el país demanda. También está claro que el Presidente puede y debe hacer la consulta.

Hay un gran debate sobre el contenido de la consulta, inclusive se plantean redacciones concretas de las preguntas. Este asunto es muy importante, desde luego, y por ello merece que se lo debata ampliamente, antes de que el Presidente tome su decisión.

Sin embargo, no se ha discutido el procedimiento concreto para garantizar que los cambios que han sido enunciados en los cuatro puntos formulados por el presidente Moreno, se realicen pronto y sin maniobras u obstrucción. Es fundamental que se clarifique de qué manera la voluntad expresada en las urnas por la ciudadanía deba entrar en vigencia en el menor tiempo posible y sin interferencias. Por ello es importante la última pregunta de las sugeridas por la Comisión Nacional Anticorrupción, que dice:

“¿Usted está de acuerdo qué una comisión ciudadana de representación plural y de alta probidad moral, designada por el presidente de la República, prepare el régimen de transición para el funcionamiento de las instituciones cuyos miembros cesan en funciones con esta consulta popular?”

¿Qué se ganaría con esto? Al menos tres cosas fundamentales. Primero, que se clarifique el procedimiento, sin permitir que los enemigos de la consulta la torpedeen. Segundo, que se hagan las cosas con honradez, es decir sin la corrupción correísta. Tercero, que las organizaciones de la sociedad participen en la solución al problema, propiciando una verdadera “participación ciudadana”.

Esto último es importante, porque si antes de designar la comisión, el Presidente sigue su política ya trazada, realizará una consulta a las organizaciones sociales representativas y acogerá los nombres que sugieran. Eso le dará peso al régimen de transición y evitará que lo que la ciudadanía resuelva naufrague en los pasillos del Consejo Electoral o de la Asamblea Nacional. Y, sobre todo, reforzará la lucha contra la corrupción, que Correa y sus incondicionales tratan de boicotear.

Que la consulta se haga rápido y sus resultados se apliquen. Pero no nos olvidemos que esos resultados no reforman la Constitución. La solución de fondo para institucionalizar el país y desmontar el autoritarismo, es la convocatoria a Asamblea Constituyente, como la propia Constitución dispone.

La salida integral a la arbitrariedad y abuso del correísmo no es solo reorganizar las instituciones antidemocráticas. Algunas, como el mal llamado “Consejo de Participación Ciudadana” deben desaparecer. Y deben crearse otras, como la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Ese es el gran compromiso que el gobierno y la ciudadanía tienen delante.

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