IPS
El proceso de inhabilitación de la presidenta Dilma Rousseff dejó finalmente de ser una amenaza que venía envenenando la política en Brasil. Ahora podrá ser una batalla traumática, pero a la luz del día.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció que decidió abrir un proceso político para la destitución de la Mandataria, acogiendo la denuncia de tres juristas, entre ellos Helio Bicudo, cofundador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), y Miguel Reale Junior, exministro de Justicia.
Cunha anunció su decisión después de saberse que el PT votará en su contra en el Consejo de Ética y Decoro de la Cámara que investiga el dinero que él posee en bancos suizos, presuntamente producto de la corrupción en los negocios de la empresa petrolera estatal Petrobras, un escándalo que ya incluye a más de 170 políticos y empresarios.
Ello confirma lo que ya era comentado en los medios de comunicación, pero no admitido públicamente por sus protagonistas: la existencia de un acuerdo tácito, entre el Palacio del Planalto (sede de la Presidencia) y Cunha, que obstaculizaba las acciones que pueden acarrear la destitución de Rousseff y del diputado.
El “abrazo” entre los dos amenazados tenía detrás la agresiva acción opositora de Cunha, aunque sea miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, principal aliado del PT en la coalición gobernante.
El PT cuenta con tres miembros de los 21 del Consejo de Ética. Sus votos son considerados decisivos en el caso de Cunha, que como presidente de la Cámara tiene la potestad de acoger o no pedidos de inhabilitación de mandatarios del Poder Ejecutivo.
“Cambió el juego, hay otro tablero con alguna luz, tras meses de incertidumbre”, evaluó Fernando Lattman-Weltman, profesor de política en la Universidad Estadual de Río de Janeiro.
“Un proceso de inhabilitación provoca radicalizaciones no solo en el Congreso legislativo, sino que involucra a toda la sociedad, pero la esperanza es que el juego sea más claro, con todas las cartas en la mesa”, analizó.
“Cunha no dispone de más sobrevivencia ahora que jugó su última carta, entregó el arma de chantaje”, la acción contra la presidenta Rousseff que venía postergando, sostuvo.
El Presidente de la Cámara, polémico desde nombramiento en febrero, es acusado de violar el decoro parlamentario, por mentir al afirmar en marzo pasado que no tenía cuentas bancarias en el exterior, cuando prestó testimonio en la Comisión que investigó la corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
Pero la Fiscalía de Suiza lo desmintió meses después y envió documentos sobre sus cuentas a su contraparte brasileña.
El juicio parlamentario contra la Presidenta es más incierto, según Lattman-Weltman. Lo más probable es que Rousseff “logrará superar el desafío, en dura batalla con la oposición y dependiendo de cómo reaccione la sociedad”.