En julio del año en curso, el Partido Demócrata proclamó a Hillary Clinton como su candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Casi de inmediato, Assange, asilado en la Embajada del Ecuador en Londres, difundió alrededor de veinte mil documentos que causaron problemas e indujeron a la presidenta del partido demócrata a renunciar. Comenzó así una abierta y sistemática intervención de Assange en la política interna norteamericana.
Desde entonces se habló de un posible involucramiento de Rusia en la campaña contraria a la señora Clinton, lo que parecería estar confirmado por posteriores declaraciones de Trump y de Moscú.
En un artículo que publiqué el mes de agosto manifesté que la conducta de Assange estaba irrogando un grave daño al Ecuador, a pesar de lo cual el gobierno de Correa no había puesto límite alguno a la conducta del asilado. Y advertí que tal actitud podría acarrear perjuicios a nuestro país.
Lamentablemente, tal previsión se ha cumplido.
Según despachos de prensa recientes, el anuncio hecho por Assange sobre difusión de nuevos documentos, habría inducido al gobierno norteamericano a advertir al Ecuador sobre las “serias consecuencias” que tendría que afrontar por la incontrolada conducta del asilado. Aunque tal gestión ha sido oficialmente desmentida en Quito y Washington, el gobierno de Correa cambió su actitud y tomó medidas para limitar el acceso de Assange al sistema de comunicaciones de la Embajada.
En primer lugar, sorprende que Assange haya tenido a su disposición las comunicaciones de la Embajada para sus actividades políticas. Como la intervención tecnológica de Rusia en esta materia parece estar demostrada, hay que pensar que ha afectado también a la misión diplomática ecuatoriana. Es inquietante, además, que el Canciller del Ecuador, al descubrir tardíamente que la actividad de Assange constituye una intervención en asuntos políticos internos de los EE.UU. recién haya tomado medidas para desligar al Ecuador de las responsabilidades consiguientes.
Las insuficientes restricciones a Assange ponen de relieve la irresponsabilidad de quienes le permitieron llevar a cabo actividades contrarias al interés ecuatoriano y al derecho internacional usando como pantalla la defensa de la libertad y transparencia de la información, contradicha tanto por políticas internas como, ahora, por las restricciones impuestas a Assange.
Para evitar que la opinión pública piense que existe una relación entre la oficialmente negada gestión de los EE.UU. y las restricciones impuestas a Assange, la Cancillería ha invocado el ejercicio de la soberanía nacional y ha asegurado que no acepta presiones de ningún estado. Creo que, lamentablemente, el efecto de tal aclaración no será otro que levantar sospecha al respecto.