Miguel A. Vasco

La OEA y las drogas

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Bien se conoce que el consumo de estupefacientes es un problema que viene de muy antiguo, en el afán de descubrir paraísos artificiales, pero como asunto de preocupación internacional surgió en 1912 con la suscripción de la Convención del Opio, en La Haya, que fue el primer acuerdo multilateral en ese ámbito.

Desde entonces se han instrumentado políticas para combatir ese flagelo, tanto en la Sociedad de las Naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial, como en la Organización de las Naciones Unidas, en actual vigencia. En ambos casos el tema ha tenido una cosmovisión universal, pero desde hace varios lustros se ha instalado también con carácter regional, en el marco de la Organización de Estados Americanos, que en 1986 creó la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad). En ese contexto, y por la gravedad del problema del narcotráfico a nivel regional, se realizó en Guatemala, en septiembre de 2014, la Cuadragésima Sexta Asamblea Extraordinaria de la OEA, que aprobó una densa e importante Resolución titulada “Reflexiones y lineamientos para formular y dar seguimiento a las políticas integrales frente al problema mundial de las drogas en las Américas”.

Dicha Resolución es un valioso aporte para la preparación de la Asamblea Especial de Naciones Unidas que se reunirá en 2016, ya que contiene la posición hemisférica sobre las políticas de drogas. Los países buscan construir un consenso encaminado a lograr un cambio en la política de combate a las drogas, puesto que el método tradicional ha fracasado, y que las naciones consumidoras asuman una responsabilidad compartida con las productoras para hacer frente al flagelo.

La citada Resolución reafirma los compromisos asumidos por los Estados Miembros en el marco del sistema de fiscalización internacional constante en los instrumentos aprobados por la ONU. Reconoce, al propio tiempo, que pese a los esfuerzos para abordar el problema mundial de las drogas, su dimensión es mucho mayor en algunos países del hemisferio de lo que era hace una década. Ello induce a considerar que la cuestión se debe tratar de manera integral y equilibrada en función de la realidad imperante en cada Estado Miembro, a la luz del principio de responsabilidad común y compartida. Tomando en cuenta éstos y otros factores, la Asamblea reafirmó la importancia de la cooperación hemisférica e internacional para hacer frente, en conjunto, a la solución del problema.
En víspera de la inauguración de la Asamblea, el secretario general José Miguel Insulza declaró: “Aquí no se trata de dejar de atacar claramente y con mucha fuerza a los grandes traficantes, a los que lavan el dinero y más lucran con esto, sino de tratar al usuario como una víctima del narcotráfico, no como una parte de la cadena…”.