Farith Simon

'Menores' criminales

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17 de June de 2013 00:02

Los actos de los adolescentes fugados del Centro de Adolescentes Infractores de Riobamba, revelan tanta violencia y desprecio por la vida que deberían provocar un profundo debate sobre el alcance, objetivos y funcionamiento del sistema de responsabilidad penal juvenil, específicamente la forma en que se encaran los delitos graves cometidos por adolescentes mayores; sin embargo hasta el momento tenemos una polarización de argumentos entre paternalistas ingenuos y retribucionistas hipócritas.

Los primeros presentan a los adolescentes como débiles e inmaduros, centran su mirada en las carencias, falta de experiencia y limitaciones derivadas de la edad o de las condiciones económico-sociales. Los jóvenes son vistos como víctimas de una sociedad que tiene muchas deudas con ellos: descuido de sus familias, mala educación, limitadas oportunidades, institucionalidad imperfecta.

Los retribucionistas claman por medidas duras, exigen que se trate como adultos a quienes cometen delitos graves; deben ser separados, aislados; los consideran "casi" mayores de edad, deben redimir la falta cometida, delitos graves sanciones graves; no hacerlo envía un mensaje equivocado al conjunto de la sociedad, especialmente a otros jóvenes, con esas leyes especializadas -dicen- se fomenta la impunidad.

Los dos extremos deben ser rechazados, no podemos olvidar los objetivos del juzgamiento de adolescentes acusados de delitos: fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover su reintegración social y que asuman una función constructiva en la comunidad. Esto no se logra justificando las acciones por una supuesta inmadurez o tratándolos como adultos.

Asumir cualquiera de esos enfoques sería un incumplimiento con las obligaciones del Estado y la sociedad en esta materia, además de ser un reconocimiento tácito de la incapacidad institucional para diseñar un sistema de justicia juvenil que contribuya a lograr objetivos que van más allá del llamado "populismo penal".

Debemos ser creativos, actuar con justicia y rigor, sin desconocer el derecho de las víctimas; también tener presente que el objetivo es la rehabilitación y reinserción de las y los adolescentes, para lo cual se deben crear las condiciones para tener procesos judiciales breves, rodeados de garantías, medidas socio-educativas adecuadas para cada caso y ejecutadas por personal debidamente preparado para ello.

Rebajar la edad y endurecer penas a partir de hechos aislados -indiscutiblemente graves- sería una medida demagógica, una cesión a las versiones más conservadoras del retribucionismo proscrito por la Constitución; si bien esto genera una falsa sensación de respuesta, poco contribuye, como lo demuestra la experiencia de varios países centroamericanos, a disminuir los delitos violentos, proteger a las víctimas y la reintegración social.