Enrique Ayala Mora

Mahuad impune

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11 de January de 2013 00:01

La entrevista de EL COMERCIO a Víctor Granda, ex legislador, dirigente socialista y principal acusador de Mahuad, ha vuelto a recordar a la opinión pública, que el principal responsable del mayor atraco bancario de la historia del país y varios de sus colaboradores, siguen sin ser sancionados, pese a la gravedad de sus acciones.

Mahuad fue un presidente “fabricado” por los expertos en imagen. Tenía facilidad de palabra, pero no tesis ni definiciones. Ganó con una abrumadora cantidad de plata invertida por banqueros en su campaña. Solo Aspiazu le dio más de tres millones de dólares. Después de que ganó hizo un gobierno inmóvil y estéril y su principal preocupación fue pagar el favor a sus financistas.

Cuando vino la crisis bancaria en 1999, en vez de pensar en los miles de depositantes, Mahuad se dedicó a proteger a los banqueros que habían saqueado el país con un desastroso “feriado bancario” que empobreció a enorme cantidad de familias ecuatorianas. Hasta trató de proteger a sus cómplices, a tal punto que su propio ministro el general Gallardo, sin su conocimiento, llevó adelante la acción de captura de Aspiazu. Al final, no sin dejarnos embarcados en la dolarización, Mahuad cayó del poder y se mandó a cambiar a Estados Unidos, en donde una universidad que le había dado un curso para gobernar lo recibió como empleado.

Víctor Granda Aguilar asumió, con la persistencia y valentía que le caracterizan, la tarea de llevar adelante las acciones judiciales por peculado. Cuando se intentó el sobreseimiento en 2006, se logró que se reabra el caso con la presentación de más de siete mil documentos de fundamento. A estos la Comisión Anticorrupción añadió otros cinco mil. Desde el principio, el sistema judicial, la Contraloría y otros organismos públicos, no han hecho sino detener el proceso que, a los 12 años, estuvo otra vez a punto de terminar por sucesivos actos de omisión, lentitud y complicidad. Felizmente, hace algunos días, una decisiva resolución de la jueza Ximena Veintimilla de la Corte Nacional de Justicia permitió que el proceso continúe.

Pero el proceso solo continuará si las instancias del Gobierno, que son partes procesales, hacen lo que deben hacer y no sigan mirando a otra parte. El inefable “Consejo de Participación Ciudadana” debe hacer bastante más que haber señalado domicilio hace meses. La Procuraduría, que nunca hizo lo que debía, tiene su responsabilidad. La Contraloría debería, al fin, hacer su informe sobre los daños causados por el corrupto feriado. La Fiscalía tiene la obligación de realizar su tarea bien hecha y con todas las pruebas que se han aportado.

Ojalá que el resultado de la comisión nombrada por este Gobierno para informar sobre el atraco bancario tenga consecuencias tangibles y no sea otro discurso para la pantalla y nada más.