Farith Simon

Juristas correístas

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Quienes defienden la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, al solicitar a la Corte Interamericana medidas provisionales a favor de tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana, asumen que son víctimas de una grave violación a sus derechos. Sostienen que su destitución, únicamente podía hacerse con juicio político en la Asamblea. Afirman que el referéndum violó el artículo 25 de la Convención Americana; según esta tesis, los consejeros no tuvieron un recurso sencillo y eficaz para defenderse.

Afirman que el Consejo Transitorio pone en riesgo el Estado democrático de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial, y porque no habría contado con el control constitucional previo.

La CIDH evaluó el tema, a partir de información parcial y equivocada. Por ejemplo, no consideró que una ley, aprobada por el correísmo, determinaba las consecuencias (un dictamen ficto) cuando la Corte Constitucional no cumple con los plazos para emitir el dictamen. En la Corte se incumplen siempre los plazos, se escudan en un reglamento (dictado por ellos) que viola groseramente la Constitución y la ley.

La CIDH se equivocó, no solo por medio de un juicio político pueden ser separados los vocales del Consejo de Participación; también es posible hacerlo por una modificación constitucional en la forma de su nombramiento. Parece que nadie informó a la CIDH, que en la Asamblea Constituyente y en la consulta (de la “metida de mano” a la justicia) se terminaron períodos de funcionarios, debido a la modificación de las reglas constitucionales.

Tampoco la CIDH fue informada que el Consejo de Transición no tiene posibilidad de evaluar, y por tanto no podrá remover al Consejo de la Judicatura o a la Corte Constitucional, debido a que no fueron designados por esa entidad. La amenaza del control total de todas las funciones del Estado es falsa, sin negar la existencia de riesgos.

Los errores de CIDH llaman tanto la atención, como la reacción de un grupo de autoproclamados defensores de derechos humanos, quienes se han desgañitado señalando las amenazas de la Consulta al Estado de derecho, a los derechos humanos y a la institucionalidad. Los mismos juristas que han justificado 10 años de abusos, los que celebraron la metida de mano en la justicia o la remoción, por medio de la Constituyente, de funcionarios, son los mismos que les parece bien que el Consejo de Participación, el Fiscal, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional estén ocupados por cercanos al “proyecto”.

Me recordó un valioso libro, “Derecho degenerado. Teoría jurídica y juristas de cámara en el Tercer Reich” de Bernd Rüthers, en el que se describe como algunos sirvientes de la consolidación del nazismo, cuando este terminó se llenaron de discursos en defensa el rol de la democracia, los derechos y la igualdad de los seres humanos, de valores que nunca defendieron. Así es esto, mucha doble moral.