La comunicación política en redes sociales demuestra su impacto cuando, con independencia de la verdad de lo que se dice, se logra asociar situaciones complejas a unas pocas palabras que representan la idea que se pretende transmitir. Existen muchos ejemplos de esto, pero creo que el mejor es el llamado “Caso Sobornos”. Recapitulando, este es un proceso en el que se juzgó a 21 personas por el delito de cohecho, debido a que obtuvieron recursos de empresas privadas, beneficiarias de contratos con el Estado, para financiar lo que se presenta como un partido político, pero que la Fiscalía describe como una “organización criminal”, una estructura de corrupción. El financiamiento se hacía mediante cruce de facturas o entrega de dinero en efectivo; con esos recursos se financiaba el proselitismo de Alianza País. La estructura, de acuerdo con la sentencia, corresponde a un grupo delictivo organizado que operó entre el 2012 y el 2016, con control y disciplina interna, distribución de tareas entre sus integrantes y con el claro fin de obtener beneficios indebidos (cohecho). Una estructura con cinco niveles: liderazgo, coordinación con las empresas, beneficiarios, mensajeros y encargados de sistematización y reporte.
Los partidarios de los condenados han logrado colocar en el imaginario colectivo la idea de que este caso es resultado de una persecución política; se refieren a el como “Caso Bochornos”, señalan a jueces y fiscales como parte de una trama política y, para lograr el objetivo, dicen que se han violado garantías del debido proceso como la del juez independiente, que la Fiscalía ha faltado a su deber de objetividad, que no existen pruebas de las conductas sancionadas y se ha echado mano de figuras jurídicas extrañas o superadas por el tiempo.
La afirmación de que todo se sustenta en un “cuaderno”, escrito posteriormente, o en archivos computarizados manipulados, oculta el hecho de que en la sentencia existen testimonios de delatores, procesados, empresarios y ex funcionarios que dejan claro cómo se pedía dinero a cambio de contratos de obra pública, además de facturas y pagos en efectivo. La instigación, autoría mediata, ha sido caricaturizada con lo del “influjo psíquico”, el depósito de USD 6000 como un préstamo personal debidamente justificado y pagado. Quienes están detrás de todo esto tienen poco interés en la verdad; para ellos se trata de un tema que se gana en el campo de la comunicación y su destino siempre estuvo en el terreno de la política. Por eso, a medida que pasen los días y la campaña electoral se intensifique, habrá más ruido destinado a preparar, en buena medida y en caso de que triunfen en las elecciones, un cambio de toda la institucionalidad para colocar allí a sus cercanos. Sus objetivos principales: Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, Fiscalía, Corte Constitucional y Contraloría. Ya saben: nos hablarán, otra vez, de refundar el país en nombre de la honestidad perdida y de recuperar “La Patria”.