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Joel Simon*

El secuestro y asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO formado por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra por disidentes de las FARC ha provocado consternación y angustia en la sociedad ecuatoriana.

A pesar de que el gobierno de Ecuador ha recibido críticas por su falta de coordinación con las autoridades de Colombia, el presidente Lenín Moreno reconoció la gravedad de la situación y volvió a Quito desde la Cumbre de las Américas en Lima para responder a la crisis.

La indignación sobre los asesinatos que ha surgido sirve como recordatorio del valor que los ecuatorianos dan al trabajo de los medios y los riesgos que los periodistas afrontan por mantener informada a la sociedad. Esta respuesta debe verse como rechazo a la política del ex presidente Rafael Correa hacia los medios, quien durante una década intentó deslegitimar y marginar su trabajo. La primera responsabilidad del gobierno de Moreno es trabajar con Colombia y asegurarse de que los responsables del asesinato del equipo de EL COMERCIO respondan ante la justicia. El gobierno tiene que crear las condiciones para que todos los periodistas ecuatorianos puedan trabajar con libertad y seguridad.

Cuando Correa se lanzó contra la prensa no se limitó a insultarla. Su gobierno aprobó leyes que transformaron a Ecuador en uno de los países más represivos para los medios de comunicación en toda América Latina. La base filosófica del asalto legal era la reforma constitucional que estableció la información como un servicio público. Pero el instrumento de control fue la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, también conocida como la Ley Mordaza. En virtud de sus disposiciones, periodistas y medios sufrieron un acoso constante y la posibilidad de multas devastadoras por no publicar la propaganda gubernamental. La ley también puso en vigor el delito inventado de “linchamiento mediático”. La Supercom, actuó como juez y parte.

Durante la última década el Comité para la Protección de los Periodistas(CPJ) ha enviado varias misiones a Ecuador y publicado varios informes que denunciaron esta historia de represión y desafió al gobierno de Correa a nivel internacional. Durante una visita reciente del CPJ a Ecuador, quedó claro que el discurso de Presidente Moreno es diferente y que ha tenido un impacto en la forma en que trabaja la prensa. Según algunos periodistas que reunieron con nuestra delegación, funcionarios del gobierno están dispuestos a hablar con la prensa y el diálogo con los periodistas se ha vuelto más “normal”, es decir, a veces beligerante pero respetuoso.

Si el gobierno está verdaderamente preparado para rendir un homenaje al trabajo a los periodistas de El COMERCIO, quienes dieron la vida para informar a los ecuatorianos, debe doblar sus esfuerzos para crear un clima en el cual todos los periodistas pueden trabajar con libertad con el apoyo de la sociedad y el gobierno.

* Director Ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas.