Marco Arauz

Gremialización de la política

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Hábitat III trajo de regreso a Quito a un querido amigo alemán. A él le sorprendió el interés de los jóvenes por participar en las actividades programadas. Encontró una ciudad cambiada. Le gustaron las soluciones masivas como la ecovía y el trolebús, pero quedó espantado por el modo en que funciona el resto del sistema: buses, taxis, autos privados.

Es la misma impresión que compartió conmigo, hace pocos días, un diplomático de un país lejano en el que también, según comentó en el tono mesurado que lo caracteriza, había un desorden que se ha superado con leyes y educación.

Conductores prendados por sus teléfonos inteligentes, taxistas con los vidrios abajo mientras conducen al pasajero intoxicado entre buses que expelen gran cantidad de humo de sus tubos de escape dirigidos hacia abajo, o que invaden el carril izquierdo, o las dos cosas a la vez.

Difícil explicarles que la situación es producto de unas normas rigurosas que no se cumplen, en el caso de los conductores privados, y de falta de control a unos conductores profesionales que quizás no puntúan en el cumplimiento de las normas pero son bien puntuados por los políticos.

Los conductores profesionales tienen una historia importante por su fuerza de movilización y también de bloqueo. Hoy son parte de la política activa y los gobernantes los quieren de aliados. Es evidente que el cálculo no solo se hace desde Carondelet sino desde el Cabildo.

No se informa sobre las auditorías acordadas para el pago de los subsidios. Y ni a nivel local ni nacional parece haber interés porque se respeten las reglas de seguridad y, sobre todo, porque se frene la contaminación por diésel. Hablar sobre la calidad del aire parece que pasó de moda.

Finalmente se impuso, y también en Quito, la normativa que reduce la revisión de las unidades de transporte público a una sola por año, cuando es evidente que en ese lapso dichos vehículos recorren al menos tres veces más que un vehículo privado. Pero los intereses políticos priman y los acuerdos están a la orden del día.

A mi juicio, el problema de fondo es que un sector regulado por el Estado intervenga en política, pues se vuelve juez y parte. Un asunto de veras importante para una consulta, más que el cacareado pacto ético, es ese: ¿deben los gremios que prestan servicios tener representación política directa?

Esa situación deja en una gran desventaja al usuario, pues resulta perjudicado por esa relación entre sectores con intereses específicos y gobernantes ávidos de votos. La gremialización de la política puede ser incluso más grave que su tan criticada farandulización.

Qué difícil explicárselo a mi amigo y tratar de disuadirlo de su decisión de no volver a Quito acompañado de sus hijos para que no se enfermen. Qué difícil decirle que la contaminación está más arriba del aire, y que estamos muy concernidos con Hábitat, pero no con el día a día.