Acceder a la educación superior es un derecho; para ejercerlo se requiere el cumplimiento de requisitos: tener el título de bachiller o su equivalente y aprobar los procesos de ingreso en los que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, se observarán los principios de “igualdad de oportunidades, mérito y capacidad”.
Las instituciones de educación superior (IES) deben contar con sistemas de ingreso que permitan determinar esas dos condiciones: mérito y capacidad. En el caso de la educación pública los solicitantes deben aprobar el “Examen Nacional para la Educación Superior” (ENES), cuyo propósito es –de acuerdo con la información oficial- establecer la aptitud para los estudios universitarios por medio de evaluaciones que determinan el razonamiento verbal, numérico y abstracto. Los conocimientos se entienden probados con la obtención del bachillerato.
Desde que se estableció este sistema algunas voces lo han criticado por estimarlo discriminatorio, afirman que al establecer criterios de selección se está violando el principio de igualdad ya que se impide a las personas que han obtenido el título de bachiller acceder directamente a los estudios de pregrado, un derecho reconocido constitucionalmente. Asumen que el bachillerato es una “certificación” suficiente para el acceso y defienden el sistema de “libre ingreso” como el que mejor se corresponde con el principio de igualdad. En este sistema todos los estudiantes que “quieren estudiar” van a un propedéutico que los nivela, luego del cual pueden iniciar formalmente sus estudios.
Quienes sostienen esta posición asumen de forma equivocada que toda distinción es discriminatoria, pierden de vista que existen casos en los que expresamente se permite la diferenciación cuando esta se basa en cuestiones objetivas, razonables y necesarias para la obtención de un fin determinado.
Cualquier sistema basado en la capacidad y/o la aptitud parte de la distinción y por ello separa, diferencia, en sentido amplio discrimina, de acuerdo al desempeño individual. Un sistema basado en capacidades o méritos es aceptable y compatible –en principio- con los derechos y la noción de igualdad, sin embargo puede tornarse en discriminatorio -en sentido estricto- cuando en su diseño y aplicación no considera la existencia de desigualdades sociales o económicas que condicionan los resultados; esto habilita a que se tomen medidas de acción afirmativa que permitan -mientras las condiciones históricas de desigualdad existan- enfrentar estos factores de desigualdad y en caso de encararlos se estaría permitiendo la pervivencia de factores de discriminación que se ocultan detrás de sistemas aparentemente objetivos.
¿Esto debe llevar a eliminar el ENES o los sistemas de ingreso de las universidades privadas? No. Es urgente trabajar con quienes no han tenido iguales oportunidades y condiciones previas y que tienen desventajas al rendir el examen, para así contribuir a ampliar sus probabilidades de éxito.
@farithsimon