Farith Simon

El legado

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Desde hace un tiempo la comparecencia de nuestro país a rendir cuentas ante los diferentes comités encargados del seguimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, sigue un guión previsible que no deja de sorprender: cinismo, autoalabanzas, negación.

Esta vez el turno correspondió al ‘Examen Periódico Universal’ (EPU), ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, conformado por representantes de 47 estados, sobre la situación en materia de derechos humanos en los países miembros.

Esta era una comparecencia especial porque coincidía con los últimos días del régimen de Correa; el informe y principalmente las recomendaciones serán una suerte de memoria histórica de la situación de derechos humanos durante en tiempos de revolución ciudadana.

El EPU sigue un esquema fijo: el Estado presenta un informe escrito, sobre cuya base los demás estados formulan una serie de preguntas hasta diez días antes de la comparecencia, la misma que empieza con una presentación oral de la delegación oficial en la que se espera responda a las preguntas formuladas durante la sesión, es una suerte de “diálogo” a partir entre el Estado y los miembros del Consejo.

En esta ocasión, la representación oficial, encabezada por el canciller Long, ratificó su versión limitada y tergiversada de lo que entiende por derechos humanos y las obligaciones que en esta materia tiene el Estado ecuatoriano; una perspectiva que recuerda a la disputa ideológica pre caída del muro de Berlín, en la que los países del eje comunista sostenían una versión de libertad puesta al servicio de una visión totalitaria de la sociedad, en nombre de un supuesto bienestar general. Para Long, y la representación oficial del Ecuador, la integralidad e interdependencia de los derechos humanos no existen; presentan las denuncias a los abusos y omisiones como resultado de una supuesta disputa ideológica sobre el alcance y contenido de los derechos humanos.

Las críticas de a lo que consideran ‘evidentes avances’ son presentadas como resultado de la acción de unas “cuantas fundaciones privadas” (como las califica un medio oficial), en tanto se sienten orgullosos de las alabanzas sin límites de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua.

Lo que queda claro luego del examen, excepto para esos estados incondicionales (a los que retribuimos con silencio cómplice frente a sus abusos), los militantes de AP y los medios oficiales, que en nuestro país se discrimina por orientación sexual, no se han adoptado suficientes medidas para erradicar la violencia contra las mujeres, se vulneran los estándares internacionales referidos a las libertades (en particular expresión, opinión y asociación), se persigue a los defensores de derechos humanos y no existe independencia de la justicia.

Ningún avance en otras áreas como la salud y educación o la mejora en la infraestructura carcelaria, en las carreteras o en la justicia, si existen, podrá cambiar el hecho de que el legado de este régimen en materia de DD.HH. tiene un saldo negativo.