El tratamiento parlamentario de los contenidos de los medios de comunicación genera polémica. El riesgo que corre la vigencia plena de la libertad de expresión merece profundidad, seriedad y el cabal cumplimiento de los tratados internacionales.
El Ecuador es signatario de una serie de normas internacionales que la propia Constitución de Montecristi manda que se respeten como parte del ordenamiento jurídico mundial. Con mayor razón cuando trata temas relativos a los derechos humanos, como es considerada la libertad de expresión.
Los compromisos se deben cumplir. La palabra empeñada debe ser honrada, máxime cuando se la expresa con una alta representación oficial. En octubre de 2010 y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Diego Zalamea, asesor de la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional, invitó a los comisionados a visitar el país y estar en el debate. Dinah Shelton, presidenta de la Comisión, dijo que consideraba importante un viaje al Ecuador, pero hasta la fecha no se concreta.
Catalina Botero, relatora de la Comisión y quien ha elaborado un detallado informe con recomendaciones que está en manos del Presidente de la Asamblea desde agosto, expresa su intención de venir al Ecuador.
No es aceptable que se diga que la relatora puede venir a observar los debates parlamentarios por una pantalla de TV; menos que alguien insinúe que debe rectificar sus conceptos, cuando se ha aceptado asesoría foránea y la Asamblea se precia de proclamas como la de ciudadanía universal. Cabe preguntar ¿qué tanto hay que ocultar a los ojos de la Relatoría y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión?