El sábado, en el enlace acostumbrado desde el inicio de su primer mandato, Rafael Correa anunció la integración de una comisión con expertos internacionales que se encargará de auditar los Tratados de Protección Recíprocos de Inversiones (TBI).
Aunque en principio el Presidente habló de 32 instrumentos, la Senplades precisó en el diario oficialista que serán 26 los tratados sometidos a análisis.
El argumento presidencial es que estos instrumentos atentan contra la soberanía. Muchos de ellos han sido firmados por predecesores en el mandato con todas las atribuciones para hacerlo, puesto que las distintas cartas constitucionales otorgan a los jefes de Estado la potestad de dirigir la política internacional.
El Presidente hizo el parangón con otra comisión, aquella que este Gobierno creó para auditar la deuda externa. Y se anticipó a los resultados que pudiese sacar esta nueva comisión, al señalar que ‘habrá conclusiones más fuertes de aquella auditoría de la deuda’. La pregunta es ¿cómo lo sabe el Presidente, si los auditores, cuyos nombres apenas se conocen, todavía no se reúnen y peor han estudiado los 26 tratados? Otro tema que el Ejecutivo debe calibrar es el escenario que una auditoría como esta puede construir justamente en el reinicio de las negociaciones para buscar acuerdos con la Unión Europea que, obviamente, pretenderá proteger las inversiones de sus empresas.