Después de varios años de subsidios estatales y de más de una década de congelamiento de tarifas, el problema llega a la cancha municipal. Es un asunto político.
Nadie desconoce el mandato del Cotad, que señala que los gobiernos autónomos que asumen las competencias deberán resolver el asunto espinoso de las tarifas de transporte urbano. Tampoco hay que perder de vista que la Ley de Tránsito sitúa al Ministerio de Transporte y, por delegación, a la Agencia Nacional de Tránsito -entes del Gobierno- como
responsables de la política tarifaria.
La realidad de un estudio publicado por Diario EL COMERCIO, en su edición de ayer, revela que el pasaje urbano en Quito es el más bajo de entre varios países de la región. Solamente es menor el de Cuba (cuya calidad es deplorable).
Con tarifas bajas y subsidios altos hemos permanecido muchos años en un tema particularmente explosivo. Basta recordar la famosa ‘Guerra de los 4 reales’ o las paralizaciones de los transportistas en muchas etapas de nuestra vida en los gobiernos civiles.
El gran problema es que el tema de las competencias que supone el manejo de tarifas pasa por una disputa política entre el poder central y alcaldes cuyos municipios tienen a su cargo el tránsito; coincide que al menos en varias de las ciudades más pobladas los alcaldes son de movimientos distintos al oficial.
Se demandan competencias con recursos. La gente sigue pensando en transporte de calidad; los choferes, en tarifas reales. Un dilema de compleja solución.