17 de February de 2012 00:00

SOLIDARIDAD Y REFLEXIÓN

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Una sola acción de una sala de la Nueva Corte de Justicia bastó para vapulear, no solo a la libertad de expresión sino a un principio básico del Estado de Derecho: la independencia de poderes.

La veloz ratificación de una sentencia, polémica y desproporcionada, muestra que el Poder Judicial es susceptible al acoso del Poder Ejecutivo.

Con la ratificación del fallo contra el diario El Universo, el Gobierno pone en tela de juicio la justificación que impulsó bajo el lema de “meterle las manos la justicia” y puede dejarla lesionada para el resto de su mandato. Por extensión, este proceso hace daño al propio Régimen.

La audiencia quedará marcada como una fecha siniestra para la transparencia y la independencia que este tipo de diligencias merece. En las horas previas, las opiniones sensatas de juristas con experiencia aconsejaban que un tema tan delicado merecía un estudio paciente y certero.

Y, en efecto, una decisión semejante no podía tomarse a la ligera, sin conocer ni revisar minuciosamente los expedientes, sin calibrar ni reflexionar sobre los alegatos de las partes y, peor aún, bajo una tremenda presión como la que ha sido manifiesta por parte del Poder Ejecutivo.

Una imagen que puede impactar en las retinas de la gente en todo el mundo es aquella de la turba. Unas decenas de virulentos simpatizantes del partido de Gobierno quemando periódicos, agresiones e insultos a periodistas y dirigentes gremiales y la calle tomada por las fuerzas de seguridad eran el escenario alrededor de la Corte.

Adentro, muchos funcionarios, muchos agentes de seguridad, mucho aparataje de equipos, computadoras y salas instaladas para que el Ejecutivo siguiera la audiencia. Una presencia no acostumbrada en los predios de una dependencia que se supone autónoma.

En esa atmósfera, no se calibró el impacto del fallo en dos temas fundamentales: la vigencia de la democracia plena y los derechos humanos, dentro de los cuales la libertad de expresión se tiene como primordial. Por eso es que durante estos días, y en los anteriores, la prensa mundial ha reaccionado mostrando preocupación por el caso del Ecuador.

Por eso es que organizaciones de la importancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; Human Rights Watch (HRW); Reporteros Sin Fronteras y el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) han dejado oír su voz. Por eso es que el tema llegó al Parlamento Europeo; por eso es que la imagen internacional del Gobierno está severamente golpeada por sus propias acciones.

Esta decisión de la Corte llega justamente después de otra condena a dos periodistas, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes deben pagar por daño moral y espiritual USD 2 millones al ciudadano Rafael Correa.

En cambio, los abusos, descalificaciones e insultos que decenas de periodistas y medios han recibido en cinco años de Gobierno en las cadenas de radio y televisión y en las burlas sabatinas parecen importar poco.

La lección que deja la sentencia es que la honra y el buen nombre, en este país de poderes concentrados y justicia subordinada al poder político, solo pertenecen y pueden ser reclamadas por una sola persona y su demanda debe ser atendida con una rapidez que debiera aplicarse cuando de las causas judiciales de otros ciudadanos se trata.

Tres años de cárcel para los directivos y el autor de un ar-tículo de opinión firmado, la condena a pagar una fortuna: USD 40 millones, pasarán a la historia de un país cuyas instituciones no cumplen su papel democrático.

A esta hora solo cabe la solidaridad con quienes hacen El Universo, con sus directivos, periodistas, empleados y trabajadores. Y una serena reflexión nacional sobre la grave herida causada a la libertad de expresión, pero al mismo tiempo a la propia Justicia y a sus pretendidos reformadores.

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