Las primeras secuelas del fin de operaciones del grupo narcoterrorista FARC en Colombia se empiezan a sentir en Ecuador.
La advertencia fue oportuna, casi 400 colombianos alzados en armas y que militaban en esa guerrilla no plegarían al acuerdo de paz y entrega de armas.
Los claros peligros de esa nueva realidad fueron debidamente sustentados con los riesgos evidente para nuestras zonas de la amplia y permeable frontera con Colombia.
Los estragos se han empezado a sentir. Ayer Diario EL COMERCIO publicó que 18 personas adoctrinadas por ex militantes guerrilleros habían conformado dos grupos delictivos.
Se autodenominaron Comuneros Alfaristas de Liberación Nacional y Montoneras Alfaristas Revolucionarias.
Y empezaron a actuar en secuestros, robos, extorsiones. Se han preparado en el manejo de armas y explosivos.
En varias ocasiones este Diario alertó a la opinión pública y a las autoridades de las evidentes fragilidades de la frontera porosa en las zonas de Tumaco, Nariño y Putumayo y las provincias ecuatorianas colindantes: Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Se destinó más hombres armados y se tomó precauciones para las tareas fundamentales que la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas, preservar la soberanía nacional y la integridad territorial.
Pero un tema así rebasa la capacidad de control de los soldados y de la propia Policía y será un asunto de preocupación nacional por mucho tiempo.