Una vez más el país está atento a un dilema de difícil solución. La comunidad indígena de Sarayaku decidió dar protección dentro de su territorio al legislador de Pachakutik destituido por la mayoría oficialista, a un asesor suyo y periodista y a un médico. Ellos fueron condenados por la justicia por sus afirmaciones en torno al 30-S, fecha en la que se produjo una rebelión policial y el Presidente fue retenido por varias horas.
Sarayaku es un pueblo autóctono que ocupa cerca de 3 000 kilómetros cuadrados en la zona suroriental de la provincia amazónica de Pastaza. Sarayaku ganó una demanda ante la Corte Interamericana para los Derechos Humanos con sede en Costa Rica, para impedir que una empresa argentina explotara petróleo en su jurisdicción. De ese pueblo quichua-hablante provino Marlon Santi, anterior presidente de la Conaie.
La Constitución garantista que este Gobierno y su movimiento promovieron en Montecristi generó un profundo debate sobre el contenido de lo que significa la plurinacionalidad, así como los alcances de la palabra inalienable respecto de los territorios que ocupan por ancestro y por historia. Por eso es que se vuelve complejo que la orden de detención que la Policía tiene en sus manos se cumpla sin tensiones con los sarayaku.
Por ahora hay versiones encontradas, los pobladores dicen oír sobrevuelos de aviones, el Ministerio de Defensa lo niega.
El caso de Jiménez en este capítulo es un desafío político y jurídico para el Régimen.