La revolución del siglo XXI ha tardado 4 años en darse cuenta de que ciertos servicios en el sector de Salud Pública operan mejor si están en manos de empresas privadas.
Eso ocurrió esta semana, cuando después de cancelar a 300 trabajadores que deben recibir indemnizaciones estatales de USD 70 000 en promedio, en cuatro hospitales del servicio público la atención de varias áreas está a cargo de empresas privadas.
En hospitales de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Tena los nuevos trabajadores estarán en el rol de empresas privadas. Ellos atienden servicios tales como el de alimentación y lavandería, limpieza, desinfección y seguridad.
Talvez este proyecto -que, si implica una política oficial y extendida de Gobierno, debería ampliarse a todo el país de modo paulatino- demuestre que el servicio al usuario y la calidad de la atención es lo prioritario, más allá de que quien lo preste sea un servidor público o un empleado privado.
Pero ocurre que este paso, que puede ser positivo, entraña un contrasentido con las políticas repetidas en el discurso oficial que privilegia lo estatal y subestima al sector de iniciativa privada.
Durante estos 5 años de gobierno se han escuchado denuestos a múltiples actividades desplegadas por la empresa privada y descalificaciones a su gestión. Además, el Régimen elogia sus resultados en el área de la Salud Pública como uno de sus logros.
La “externalización” de ciertos servicios , como ahora se la llama desde el lenguaje oficial no es otra cosa que una nueva versión de la tercerización, combatida desde los lemas políticos o una privatización de los servicios . Lo importante es privilegiar la calidad de atención a los usuarios.