La carta oculta bajo la manga del bloque oficialista se conoció apenas esta semana, pero desde el 15 de noviembre un legislador de Alianza País pedía a la Corte Constitucional que se pronunciara y facilitara la promulgación del proyecto gobiernista de Ley de Comunicación sin cambio alguno.
Es una jugada política sinuosa, mientras el polémico proyecto y la búsqueda desesperada del Ejecutivo de imponer una ley que controle y sancione a los medios para consolidar su esquema de poder hegemónico, camina lenta y dificultosamente en la Legislatura.
El argumento del asambleísta de marras es que el plazo del mandato constitucional que daba 365 días para expedir la ley ya se ha cumplido. Cierto es, pero también es cierto que el empecinamiento oficial por imponer sus criterios olvida e intenta desconocer su propia palabra empeñada en el acuerdo ético político de todas las fuerzas parlamentarias de hace casi dos años.
La Constitución exige una ley pero esa ley no debe ser ni mordaza al pensamiento libre, ni dogal para libre expresión de las ideas y opiniones a través de la prensa. Peor instrumento de amenaza y silencio a las voces críticas naturales, consustanciales a la democracia.
El petitorio del desprevenido congresista de Alianza País acaso desconoció un contundente pronunciamiento anterior de la Corte que, como es norma, sienta jurisprudencia y es guía de conducta de fallos posteriores.
La Corte no hace leyes, eso le corresponde a la Asamblea, y si hasta el momento no se ha podido alcanzar consensos para tener una ley equilibrada y justa sobre tan delicada materia es por la visión que quiere imponer en el país una sola voz, un solo pensamiento, desconociendo la riqueza de lo plural y diverso del pensamiento democrático.