Como si no hubiese un mandato constitucional claro y la urgencia fuese una cosa ajena, el Consejo de Participación Ciudadana se toma su tiempo para definir los cambios de importantes altos cargos de varias instituciones.
En esa perezosa e inexplicable ‘dinámica’, lo prioritario para una mayoría de vocales ha sido el presupuesto. Aquel que les permita contratar gente, llamar a los concursos o aun comprar un edificio.
Si esta es la cara de la supuesta Participación Ciudadana, más allá del cuestionado y enredado proceso de su propia elección y de las imputaciones a los vínculos con el Poder Ejecutivo que les privaría de la suficiente independencia, lo mejor hubiese sido no acometer en la creación de un organismo tan burocratizado como lento a la hora de definir el proceso de transición.
A los vocales les suena bien finiquitar ese trámite en agosto de 2011. ‘Apenas’ un año y 11 meses después. No se sabe qué pensarán los ciudadanos supuestamente representados por los impávidos vocales.
El cambio empezará por el Fiscal, los vocales del Consejo de la Judicatura -menos mal que ellos se adelantaron a solicitar su renovación- y a pedir al Presidente que envíe las ternas para Procurador y superintendentes de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones.
Vendrá una convocatoria pública, para que los ciudadanos se presenten a concurso: una selección previa de quienes luego seleccionarán a los seleccionados. Así como suena, el trabalenguas ilustra el intrincado proceso que se inventaron los tiempos de la revolución.
Todo para impedir que la ‘partidocracia’ active sus prácticas de designación. Al ciudadano de a pie ¿quién le garantiza que cambiamos algo más que compadres y padrinos?