La cita de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que se reunirá desde el sábado en Cochabamba podría tratar los alcances de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos.
La CIDH ha sido un bastión para la defensa continental de los derechos humanos. Particularmente en libertad de expresión, sus estudios y advertencias han defendido en el sistema democrático continental esa libertad fundamental que se ha visto en peligro, como ocurre en el Ecuador.
La Convención Americana de Derechos Humanos estableció la competencia del ente. El artículo 41 dice que la función principal de la Comisión es promover la observancia y la defensa de tales derechos. La Comisión ha llamado la atención sobre la observancia de dichas normas y la Corte ha sentado jurisprudencia. El Estado ecuatoriano ha reconocido esa competencia recurriendo a la Comisión y enviando altos representantes oficiales. El gobierno de Rafael Correa ha fustigado a la Comisión, piensa que se debería limitar su papel y hay propuestas que buscan cortar su financiamiento.
El secretario de la OEA, José Miguel Insulza, que se reunió en días pasados con el Presidente ecuatoriano, enfrentó ayer en Washington críticas de organizaciones respetables como Human Rights Watch y replicó: “Una cosa que enrarece el ambiente a veces es el supuesto de que los países, los gobiernos, quieren hacerle algo a la Comisión”.
A todo ello habría que agregar que el actual presidente de la Corte Constitucional ecuatoriana, Patricio Pazmiño, busca ocupar la Secretaría de la CIDH, toda una novedad que no deja de despertar suspicacias políticas.
La CIDH debiera fortalecerse, y no debilitarse, para que su vital papel se cumpla a cabalidad.