A la usanza de lo que se vivió en la región en los 90 tras la gran crisis de los 80, el presidente de Brasil, Michel Temer, ha emprendido una gran campaña de privatizaciones. El objetivo es crear empleos, generar renta y ofrecer un servicio de mejor calidad a la población, en medio de una situación delicada.
Brasil, donde el desempleo y la inseguridad han crecido exponencialmente, enfrenta problemas económicos que difícilmente pueden ser corregidos con el aumento de los impuestos o el cambio en el sistema de pensiones, que pudiera aportar al saneamiento de las cuentas públicas.
Si bien se ve en la decisión un cambio de un sistema desarrollista, representado por años de gobierno del Partido de los Trabajadores, a un modelo ultraliberal, no hay que olvidar que tanto Lula da Silva como su sucesora, Dilma Rousseff, propiciaron un sistema de corrupción de efectos devastadores.
Tanto el sistema judicial como el político -corresponsable de actos corruptos- han tratado de sanear estos problemas, pero normalmente el populismo termina por producir desequilibrios. En la región hay varios gobiernos que han crecido alrededor de la bonanza y han terminado por minar la economía.
La propuesta de Temer llega al extremo de haber decretado el fin de una importante reserva amazónica. El caso de Brasil es una muestra más de que solo un manejo ordenado, con gastos financiados y sin corrupción, garantiza estabilidad.