El Gobierno nacional ha decidido en estos días eliminar la revisión técnica semestral de los buses que brindan el servicio de transporte público en el país. La inspección mecánica ahora será anual.
Lógicamente, una decisión de tal envergadura -que se basa en el Decreto Ejecutivo 925, del 8 de abril, firmado por el presidente Correa- tiene repercusiones. Y también contradictores.
Las primeras reacciones han salido de algunas de las municipalidades, que temen que la accidentalidad en las vías ecuatorianas aumente, como consecuencia de la medida.
Así, por ejemplo, se ha pronunciado la Gerencia de la Empresa de Movilidad de Cuenca, que ha recordado que las unidades de transporte público ‘en promedio realizan recorridos tres veces mayores que un vehículo particular y, por ello, son necesarias las dos revisiones al año’. Asimismo, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil ya ha hecho saber que mantendrá los dos chequeos mecánicos al año.
Tampoco hay que olvidar el diagnóstico que ha realizado Justicia Vial. Esta organización ha señalado que los percances más graves son provocados por las unidades de transporte público.
Precisamente, este Diario publicó ayer que el esquema de revisión semestral ha permitido detectar cuatro fallas en los buses: los frenos en mal estado, la suspensión dañada, la emisión de gases y los neumáticos lisos.
En aras de la seguridad en las vías, hay que adoptar decisiones técnicas.