El Gobierno intenta renegociar las condiciones en que la empresa estatal Petroecuador negoció las preventas petroleras durante la administración anterior, por considerarlas desfavorables.
Mientras se concreta ese difícil propósito, salen a la luz más detalles sobre las 13 operaciones que le permitieron al gobierno de Rafael Correa obtener, entre los años 2009 y 2016, USD 18 170 millones, que significaron comprometer 1 204 millones de barriles de crudo.
El esquema -junto a otros en los que también se puso a la empresa como punta de lanza para recibir créditos para el Fisco- se usó hasta el punto en que, en 2016, se comprometió para el 2017 un crudo del cual no se disponía, con consecuencias negativas para el país.
Es llamativo que detrás de estas negociaciones de Petroecuador con las firmas Petrochina, Unipec y Petrotailandia, haya habido una activa participación de varios funcionarios de alto nivel Ministerio de Finanzas. Hasta hoy los responsables no han salido a defender públicamente sus acciones.
Dentro del análisis que realiza la Contraloría al manejo de la deuda pública en el período comprendido entre los años 2012 y el 2017, un aspecto muy importante son las condiciones en las que se hicieron las preventas petroleras.
Cuando se tenga el panorama completo se podrán establecer los posibles perjuicios para el Estado ecuatoriano, y al mismo tiempo se podrá conocer quiénes fueron los responsables. Es algo que el país tiene derecho a saber.