Con la orden de prisión preventiva contra altos ejecutivos de dos poderosas empresas constructoras de Brasil, la investigación por corrupción avanza sin detenerse.
El escándalo que llega a la cúpula política parece desmadejar una trama de alto contenido donde los poderes político y económico viven en simbiosis, concupiscencia, se diría.
El sistema funcionaba. La empresa petrolera de Brasil hacía gigantescos contratos con las -a su vez, gigantescas- empresas constructoras de un país gigante. En la mesa de acuerdos los millonarios recursos pagados con la plata del Presupuesto contemplaban jugosos sobreprecios.
Con eso alcanzaba de sobra para enriquecer a altos cargos y aceitar la máquina electoral y de propaganda de los partidos. No solo del partido de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores. No, todo indica que los de otras tendencias también recibían dádivas y dinero en cantidades.
El estallido del escándalo en los repartos en una empresa grande, con acciones estatales y en cuya directiva estuvo la actual Presidenta de Brasil, es movido por la justicia. Hoy están detenidos dos ejecutivos de dos grandes constructoras.
Eso ocurre cuando hay una justicia independiente, aunque tome su tiempo. Una publicación del Grupo de Diarios de América (GDA) sugiere indicios de la influencia de Lula da Silva en varios acuerdos de alguna de esas empresas con varios países, entre ellos Ecuador. El Fiscal General debe investigar.