La realidad es que en el país existen 40 000 policías. El promedio que resulta es menor que el recomendado por Naciones Unidas.
El Ministro del Interior se hizo cargo de esa cifra, pero se comprometió a llegar al 2017 con 57 000 policías.
Con ese número y una delincuencia que se mueve por todas partes y con instrumentos tecnológicos que facilitan su labor, como teléfonos celulares y operaciones por redes sociales e Internet, el espacio para el patrullaje y la acción se ve restringido de modo severo.
Las visiones sobre el cuidado y la vigilancia se han modificado a lo largo del tiempo. Hace dos décadas se instalaron los Puestos de Auxilio Inmediato (PAI), una copia del modelo colombiano. Aquí funcionaban con el apoyo de la empresa privada. Una realidad increíble, ya que los ciudadanos pagan impuestos para que aspectos como la educación, la salud y la seguridad sean atendidos con esmero. Esa es la gran tarea del Estado.
En Quito, de acuerdo con un reportaje de EL COMERCIO, hay 301 Unidades de Policía Comunitaria (UPC), 43 más de las que debieran funcionar. Esto acarrea que la cobertura con personal técnicamente recomendado no sea suficiente, pues se requieren al menos tres policías permanentes las 24 horas, seis como mínimo para el patrullaje, dos para patrulla motorizada, cuatro para la reacción ante una emergencia y un agente para los temas comunitarios.
Racionalizar el número de UPC es una de las soluciones para paliar el déficit, a la par de aumentar el número de agentes.