Los asambleístas, no todos, se han colocado en estas semanas en el centro de las noticias y del debate público.
No precisamente por motivos que debieran destacarse. Al contrario, en realidad, han activado la polémica porque algunos de ellos han demostrado que no comulgan del todo con las leyes que aprueban y que han defendido a rajatabla, incluso con el lanzamiento de críticas en dirección a los opositores de esos proyectos.
Un caso evidente del divorcio entre lo que se predica y se hace, en el escenario legislativo, se ha dado alrededor de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que rige desde el pasado 1 de junio. La normativa fue aprobada para recaudar fondos destinados a las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril.
¿Qué ha sucedido? Como lo informó este Diario, 63 asambleístas -la mayoría de ellos de la bancada oficialista de Alianza País- no donaron el 10% de sus salarios -alrededor de USD 500 mensuales- para los damnificados de Manabí y Esmeraldas. En contraste, 43 legisladores entregaron su aporte por dos meses, como lo manda la norma.
A la cuestionada postura alrededor de la Ley Solidaria se agrega otro reparo igualmente serio: un grupo de parlamentarios firma la asistencia a las sesiones del Pleno, pero no se queda para la votación final de los proyectos.
La tarea legislativa, mediante la cual se definen temas trascendentales del país, demanda un mayor compromiso.