Ni el oficialismo ni la oposición lograron su objetivos y el polémico proyecto que busca control y sanción para el ejercicio libre de la expresión no pudo ser aprobado, pero tampoco fue al archivo.
La semana trajo una tensa disputa por dos aspectos que son esenciales en democracia: seguir practicando en libertad la expresión y que la prensa, con sus códigos internos y sus normas de procedimientos, dé paso al debate abierto, plural y saludable de la libre circulación de las ideas.
El bloque de Alianza País busca lo contrario. Apoyó desde un primer momento distintos proyectos de ley que presentaron sus legisladores y que en lo fundamental ponían cortapisas al ejercicio del periodismo libre y de la expresión ciudadana a través de los medios de comunicación.
El texto oficialista pretende implantar una suerte de censura previa, pese a que proclama lo contrario, cuando condiciona el proceso informativo y lo deja atado a la discrecionalidad de una autoridad que lo podría vigilar. Y eso, al margen de una serie de compromisos internacionales sobre los derechos de las personas, cuya legislación es norma jerárquica superior, según la propia Constitución que aprobaron y promovieron.
Además, se buscan sanciones pecuniarias que resultan absurdas, que impondría un Consejo de Comunicación que, de aprobarse, tendría injerencia del Poder Ejecutivo y se constituiría en juez y parte, ya que debería ser autoridad para los medios públicos que por hoy controla y dirige el Gobierno. Si se aprueba la ley como quiere el oficialismo, el acuerdo legislativo de todas las fuerzas parlamentarias de diciembre se rompería. Si se aprueba la ley con las prácticas del toma y daca del pasado -que el pueblo condenó- la libertad de expresión y la democracia estarían en riesgo.