La reducción de las asignaciones presupuestarias, que se contempla en la Pro forma del 2016 aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 24 de noviembre, ha obligado a municipios del país a buscar fórmulas alternativas para captar fondos. El recorte es resultado de la desaceleración económica que atraviesa el Ecuador por factores externos e internos ya conocidos.
Con el propósito de reducir de alguna forma los impactos de la disminución de las partidas con cargo al Presupuesto General del Estado, gobiernos autónomos descentralizados (GAD) como los de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cuenca y Ambato, han anunciado una medida que merece un análisis más amplio. Sobre todo si una determinación de esa índole va a ser replicada en otras municipalidades ecuatorianas.
Esos municipios han decidido actualizar los catastros y, por ende, incrementar las recaudaciones por el Impuesto Predial. Para ello, se basan en la facultad que les otorga el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Este permite una actualización cada dos años.
Aunque el Cootad lo avala y está bien que cancelen esa imposición quienes no lo hacen, una resolución de esta naturaleza no debiera implicar necesariamente una mayor carga sobre todos los contribuyentes y propietarios de inmuebles.
Para paliar los impactos de la crisis que afronta el país, desde el lado de las autoridades locales (y nacionales), en efecto, se requieren medidas más imaginativas que un alza general e indiscriminada.