La explotación minera parece ser, una vez más, motivo de impulso y priorización del Régimen que preside Rafael Correa.
La caída de los precios del petróleo, los ajustes en política arancelaria y el lento accionar del cambio de matriz productiva en el sector privado, anunciados hace ya dos años, al inicio del tercer gobierno consecutivo de Rafael Correa, parecen demandar de nuevos alicientes.
Entre el rediseño de las políticas públicas, y mientras se completa el mapa de generación hidroeléctrica, tan urgente como importante, el Régimen vuelve a fijarse en el potencial minero.
La creación del Ministerio de Minas y los pasos dados en estos días en materia de la vía libre a algunas de las actividades de empresas cupríferas y auríferas permiten avizorar un nuevo horizonte y alientan perspectivas.
Hace años el anuncio de la inversión minera auguraba USD 20 000 millones de inversiones en dos décadas. Pese a la velocidad del anuncio y la intensidad del discurso gubernamental, las reformas que las empresas extranjeras de inversión demandaban para hacer posible y viable la seguridad jurídica que exigían, no llegaron. Ese panorama legal y el mercado internacional de los metales, que experimentó los vaivenes acostumbrados de la actividad, le quitó prioridad a los proyectos. Hasta una de las empresas cambió de manos en bolsas de Valores.
Hoy se abren nuevas perspectivas. Es cuestión de paciencia y tiempo para comprobar si la nueva prioridad que anuncia el Gobierno surte efectos.