12 de August de 2013 00:01

MÁS RIESGOS PARA LOS COMUNICADORES

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A mes y medio de la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación, el Gobierno no termina de aclarar varios aspectos de su política de restricciones a la labor de la prensa privada.

Aún está pendiente, por parte del Ejecutivo, la nominación de la terna de candidatos para elegir al Superintendente de Comunicación, mientras que el Consejo de Regulación está a la espera de que la Senplades apruebe su estructura orgánica, que permitirá que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos para su operatividad. Esto debe concretarse hasta el 25 de septiembre.

Otro de los temas pendientes es la elaboración del Reglamento General a la Ley, en el cual, entre otras cosas, se definirá el tiempo de funciones de los vocales del organismo regulador y -ojalá- se aclaren aquellas normativas ambiguas que permiten un excesivo margen de discrecionalidad a los miembros de los organismos de control y sanción. Esto último es clave, dado que la integración del Consejo se ha realizado en su mayoría con afines o políticamente dependientes del oficialismo.

Por si este riesgo fuera poco para el ejercicio del periodismo independiente, los legisladores de la mayoría intentan penalizar, con prisión de uno a tres años, la peculiar figura de linchamiento mediático, uno de los tantos absurdos jurídicos creados en la Ley de Comunicación por el Gobierno y sus aliados de la Asamblea para limitar la libertad de expresión.

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