La política exterior, tan importante para los intereses del país para afirmar su soberanía y alcanzar respeto en los foros internacionales, se ha visto menoscabada en los últimos tiempos.
La Constitución establece que la política internacional la conduce el Presidente. Para su ejecución cuenta con el soporte de una Cancillería. El Ecuador en el Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido al frente a profesionales conocedores del derecho internacional, expertos en las distintas ramas y cuidadosos en grado sumo de la imagen del país y su gestión.
Tres episodios recientes ponen en cuestión el manejo de ese Ministerio y la preponderancia del factor político por encima del celo profesional acostumbrado.
La declaración de persona non grata a la Embajadora estadounidense tuvo como consecuencia recíproca el pedido de retiro de nuestro embajador en Washington. Todas las puertas sobre el proceso de preferencias arancelarias se cerraron y el país pierde en capacidad de gestión ante nuestro principal socio comercial.
Honduras celebra el retorno de su ex presidente Manuel Zelaya, víctima de un golpe de Estado. Los países de América buscan hoy su reinserción en la OEA, pero el Canciller del Ecuador pone sus condiciones.
Y, para rematar, la tesis del vicecanciller Kintto Lucas, sostiene que ha sido postura del Presidente no firmar tratados de libre comercio. El Ecuador adelanta negociaciones para un acuerdo con la Unión Europea, lo que provocó que el viceministro de la Producción, Mauricio Peña, desmintiera al Vicecanciller cuando habla de colonialismo.
Estas tesis erráticas se corregirían si la Cancillería no estuviera regida por actores políticos y se actuara con mínima congruencia entre quienes llevan la política comercial.