El Código Territorial aprobado por la Asamblea y que se halla en estudio del Ejecutivo contempla el retiro de la exclusividad de la que goza la Junta de Beneficencia de Guayaquil para el manejo de loterías.
Se trata de una institución que consigue a través de los juegos de lotería y otros sorteos afines un 40% del presupuesto para sus obras sociales, especialmente destinadas a ecuatorianos de bajos recursos.
La entidad de larga data ha sido gestionada por ciudadanos prestantes de Guayaquil, bajo la tradición del voluntariado. Su papel es reconocido a lo largo de la historia.
Sin embargo, en muchas ocasiones se ha debatido el tema de la exclusividad del manejo de las loterías. Varios sectores ciudadanos, especialmente de Guayaquil, defienden hoy, como lo hicieron antes, el papel protagónico de la Junta de Beneficencia y de su motor económico cuando lo sintieron amenazado por ensayos de instaurar otros sistemas de lotería.
Se recuerda el arduo pulseo que acompañó en 1993 al intento del Consejo Provincial de Pichincha, en tiempos del prefecto Federico Pérez, para vender la lotería conocida como La Quiniela. El intento fue fallido y el gobierno de Rodrigo Borja dio por concluido el tema y con él las posibilidades de conseguir recursos para Pichincha.
En esta ocasión, los actores sociales y representantes de diferentes corporaciones guayaquileñas han dejado oír su voz. Frente a ellos están los afanes de los gobiernos seccionales por conseguir distintas fuentes de financiamiento para sus obras locales o provinciales.
El Presidente de la República tiene en sus manos un tema delicado; una posibilidad es compensar el presupuesto destinado a esta obra social en caso de que la normativa lo afecte. Debe decidir con equidad, justicia y en derecho.