Con el cambio de Gobierno, el país asiste a un nuevo momento. La opinión pública y los actores sociales sienten esa atmósfera. La posibilidad de expresar con libertad las angustias represadas es un hecho, y eso se manifiesta en los encuentros sociales para exigir avances en la lucha contra la corrupción.
Como la justicia tiene sus tiempos, la opinión pública lo siente con ansiedad y busca sustanciaciones rápidas.
La idea de que los ‘peces gordos’ debieran caer quizás impide advertir que actualmente hay tres ex ministros procesados -dos con sentencias-, dos exaltos funcionarios privados de libertad y cuatro prófugos. Un número pocas veces visto de sindicados de alto rango.
La semana que terminó fue vertiginosa: comparecencias en la Fiscalía y otras revelaciones -como el estado de la refinería de Esmeraldas y otros proyectos energéticos- que alimentan la ansiedad colectiva.
En ese escenario, no se entiende muy bien la oportunidad del llamado a la Asamblea Nacional al Fiscal General y al Contralor subrogante, en cuyas dependencias se ventilan múltiples causas y se investigan delicados temas.
No sería dable que un órgano de alto nivel que debiera haber avanzado en la última década en la fiscalización, conforme al mandato constitucional y cuya omisión evidente es una rémora, quiera ahora incidir en los procesos.
El país está expectante y hay causas pendientes. La independencia y la justicia deben primar.