Tensiones por el Issfa

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El país ha asistido a una disputa inusual como consecuencia de la decisión presidencial del adelanto del cambio del Alto Mando militar.

El contrato de compraventa de lotes de terreno en Samanes, en Guayaquil, lo firmaron dos ministros de Estado de este Gobierno: Marcela Aguiñaga, como titular de la Cartera de Ambiente, y Javier Ponce, cuando estaba al frente del Ministerio de Defensa.

Es incomprensible que haya tomado tanto tiempo detectar inconsistencias legales y hasta errores ‘de buena fe’ como lo califica un alto funcionario varios años después de firmado el contrato. El caso debe sustanciarse en la justicia.

El tema causa malestar en los uniformados en servicio activo y pasivo. A esta altura, tensar la cuerda de las relaciones del poder civil con el militar no tiene sentido. Las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes , pero eso no les exime de tener criterios propios.

Tres momentos han sido difíciles: la reasignación en tareas internas de seguridad; la reacción de la cúpula con espíritu de cuerpo en el proceso a supuestos autores de delitos de lesa humanidad frente a la insurgencia de Alfaro Vive, y ahora por los fondos del Issfa. El Presidente advierte riesgos similares a los del 30 -S. La democracia no debe ni puede desestabilizarse. Sería inaceptable.

Rafael Correa, aun en medio de las grandes dificultades económicas actuales, debe cumplir el mandato de las urnas hasta el último día.