A las protestas y bloqueos en varias provincias de la Sierra se ha sumado una marcha rápida sobre la capital. La jornada de ayer fue de una violencia inusitada y los saqueos en una planta lechera en Cotopaxi y fincas preocupan a la sociedad que quiere trabajar en paz.La medida de liberación de precios de los combustibles, no por anunciada como indispensable, que lo es, dejó de provocar reacciones.
A nadie escapa que el alza de los combustibles iba a acarrear un ajuste en los pasajes de todo tipo.
Pero cuando se anunció el fin del paro, la ciudadanía esperaba que el transporte se normalizara, cosa que no ocurrió. Hay que señalar de modo categórico, que la responsabilidad de los cabildos al no asumir de inmediato sus competencias, como manda la ley y lo pidieron por mucho tiempo, ha complicado el panorama.
Mientras los choferes y los empresarios del transporte anunciaron el fin de un paro que nunca se debió dar, ya que se tenía por sentado que debían subirse tarifas con moderación y proporción al impacto del combustible, el movimiento de grupos de indígenas fue in crescendo.
Unos boletines sin firma de responsabilidad, un juego poco acostumbrado de mensajes en redes sociales -unos fuertes, otros confusos- y un desdoblamiento no conocido de la dirigencia tradicional con nuevas y más violentas formas de protesta ponen al país en vilo y alerta.
Las marchas llegaban en horas de la noche a Quito, pues la presencia militar no las desmotivó.
La probable confluencia con la movilización del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT) llama la atención.
Es poderosamente curiosa, por no decir extraña, la convergencia de grupos perseguidos por el anterior Gobierno, con las consignas de los partidarios de la Revolución Ciudadana que rayan en desestabilización.
Algo parecido sucede otras fuerzas que, ante una medida valiente del Gobierno, miran a otro lado desentendiéndose del problema económico, que es un gran problema nacional que todos debemos resolver y que causa serios estragos sociales.