Una frontera caliente

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Los gobiernos de Ecuador y Colombia se muestran absolutamente dispuestos a colaborar para enfrentar a los grupos delictivos a lo largo de su frontera común. Lo harán desde todas las perspectivas.

Dado que las actividades ilegales florecen con más facilidad donde no hay presencia del Estado, es acertado que en el último Gabinete Binacional se hayan suscrito convenios que van desde la colaboración directa de la fuerza pública hasta acciones específicas en el plano económico, social y cultural.

Queda claro, una vez más, que problemas como el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro son difíciles de circunscribir. Mientras las actividades ilegales paguen, siempre habrá personas dispuestas a ofrecer armas y explosivos, precursores químicos y vituallas.

Internamente, es hora de volver a hacer un balance serio sobre cuán permeado está el país por las actividades delictivas, cuyo impacto se acrecienta debido a la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Y, en función de ese diagnóstico, actualizar el respectivo plan.

Ya se sabe que las rutas de la droga manejada por carteles internacionales atraviesan una buena parte de la geografía del país, y que hay cientos de pescadores involucrados -muchos de ellos presos en el exterior- en su transporte hacia el norte. También, que la fuerza pública es vulnerable a la corrupción.

Los hechos recientes hacen necesario transparentar y actualizar el problema, para que el país sepa en qué terreno pisamos.