Ayer fueron reelegidas en los más altos cargos del Poder Legislativo Gabriela Rivadeneira, Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga. No hay nada novedoso.
Lo nuevo es que el cabildeo que definió la elección de autoridades parlamentarias se haya consolidado en el mismísimo Palacio de Carondelet y con la presencia del presidente Rafael Correa.
Y no es que haya sido desconocida la influencia del Ejecutivo en todos los resquicios del Legislativo, especialmente cuando se habla del bloque de legisladores de Alianza País. Lo que ocurre es que durante un par de meses se habló de otras corrientes, de algunos nombres de militantes para buscar un recambio de las autoridades, aunque todo casa adentro del movimiento gubernamental.
Lo nuevo también es que la Segunda Vicepresidenta piense (y diga) que en el Ecuador no hay división de poderes, desechando la concepción clásica y sobreponiendo a ella la visión de unas funciones que se complementan.
Tal realidad se viene constatando desde los albores del primer gobierno de Rafael Correa, allá por el año 2007, cuando el Tribunal Supremo Electoral mandó a su casa los diputados, algo que a todas luces rompía el Estado de derecho.
El método D’Hont determina que quien ganó las elecciones tenga una mayoría más grande que la proporción de los votos obtenidos. Es inaudito que la representación legítima de las minorías no se haya expresado todavía en la designación de al menos un vocal del Consejo Administrativo de la Legislatura.