Denuncia de los tratados

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Los Tratados Bilaterales de Protección Recíproca de Inversión (TBI) han sido instrumentos que alientan la inversión externa.

Tras el debate de los primeros años del Régimen que termina el 24 de mayo, su discusión se suspendió, seguramente con la intención de no dificultar el entorno comercial internacional.

Por eso es que la decisión ‘in extremis’ de la Asamblea Nacional, copada en este período por Alianza País, de denunciar a 12 de estos instrumentos bilaterales resulta difícil de entender, más aún si se considera que estamos en vísperas del traspaso del poder de Rafael Correa a Lenín Moreno, coideario y continuador de su gestión.

El argumento político utilizado por los partidarios de la denuncia de esos tratados es el de la soberanía, así como la poco favorable situación de acudir a tribunales internacionales que no fallan a favor del Estado ecuatoriano.

Pero la denuncia de cada tratado, cuyas condiciones aceptó libremente el Estado a través del Gobierno de turno, puede afectar el ingreso de capitales, que a su vez generan fuentes de trabajo en un entorno económico difícil.

La denuncia llama la atención de la comunidad internacional que, seguramente, verá con lupa cualquier opción de invertir en el Ecuador si esas inversiones no estuvieran amparadas en un marco legal que les otorgue certeza.

La denuncia -sin la certeza de una renegociación a la vista- es acaso inoportuna, aunque se argumente que el costo político lo asumirá Correa.