27 de September de 2013 00:00

El crimen amenaza a la justicia

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El trabajo de un magistrado o un fiscal no solo provoca la antipatía de quienes delinquen. Los funcionarios de la justicia en el Ecuador tienen que ejercer sus funciones sin protección y a veces bajo amenazas graves.

Tal fue el caso del fiscal Ramón Loor, asesinado en junio mientras investigaba la muerte de un profesor universitario. Los presuntos criminales están detenidos pero nadie le devuelve la vida arrebatada.

Cabe preguntarse lo que sucede con los funcionarios del sistema de justicia. Ellos se ven cara a cara con los presuntos delincuentes. Cuando formulan cargos y al dictar sentencias, muchos jueces y fiscales reciben amenazas de los acusados que se sienten perjudicados, y a veces de los familiares presentes en las audiencias.

Los funcionarios se movilizan sin resguardo. En el pasado, otros jueces han sido amenazados y hasta victimados. El actual Ministro del Interior, cuando se desempeñaba como Ministro de Justicia, explicaba que los móviles de un atentado en el 2010 contra el auto de un juez fueron para intimidarlo. En otros países (Colombia y Perú) se llegó a la configuración de los jueces sin rostro, especialmente para que los terroristas y narcotraficantes no atentaran contra su vida. El sistema presentó fallas y se suspendió.

El Estado debe activar la protección, cuando los funcionarios lo pidan y aun sin ese requisito, para preservar su vida y una actuación imparcial en la administración de justicia.

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