1 de April de 2012 00:03

EL CONTRATO MINERO

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El futuro minero del país tendrá que ver con millonarias inversiones extranjeras. El polémico proceso de explotación a cielo abierto y los recaudos ambientales y sociales indispensables no son los únicos temas que demandan una claridad de política pública.

La empresa Ecuacorriente, que acaba de firmar un contrato por 25 años con el Estado ecuatoriano, tiene hoy capitales que vienen de la China Popular.

La gran potencia en ascenso compró acciones en la bolsa. Ecuacorriente tuvo su domicilio en Islas Cayman, un paraíso fiscal. El Presidente, tras el caso conocido como El Gran Hermano, decretó que el Estado no podía tener negocios con empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

La empresa, a la firma del contrato, tenía un capital de USD 2 000 dólares. Ha prometido hacer considerables ampliaciones de capital pese a que, según expertos, no hay una norma que lo requiera.

Para una situación acaso comparable, la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados, la empresa formó un capital equivalente al 5% de la inversión.

La mina Mirador, ubicada al norte de la provincia de Zamora, tiene un potencial que podría significar la extracción de USD 20 000 millones en cobre y oro en 25 años, dejando para el Estado USD 5 400 millones de ingresos.

Las autoridades, en un ejercicio de transparencia que evite suspicacias, deberían presentar ante el país los contenidos de los contratos, los documentos de constitución de la empresa, la nómina de accionistas y, por cierto, los compromisos ambientales y las pruebas de la tecnología a emplearse para procurar el menor daño posible a la naturaleza y a las poblaciones aledañas al proyecto.

Si el Gobierno ha escogido la opción de la minería y busca firmar más contratos, este sería un paso importante.

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