El borrador de contenidos que tienen en sus manos los asambleístas de la comisión podría limitar severamente la libertad de expresión en el país. Se trata de un cuerpo legal que privilegia sanciones severas y que todavía no define un punto esencial que ya fue motivo de un acuerdo parlamentario: independencia total del Ejecutivo y ningún delegado gubernamental en el Consejo de Comunicación.
El acuerdo legislativo, que el Presidente de la Asamblea y la titular de la Comisión Ocasional se han comprometido a cumplir, podría ser inobservado con algunas de las preocupantes premisas del articulado propuesto para la versión final de la Ley. Una Ley de Comunicación debería privilegiar, como el enunciado del texto que circula contiene, como premisa, el derecho a la libertad de expresión.
El borrador mentado contiene una serie de sanciones severas y procedimientos para su aplicación que podrían afectar gravemente a ese derecho fundamental y crear un espacio subjetivo de juzgamiento y sanción que se podría prestar a presiones y amenazas a los contenidos de los medios.
Falta por definir la conformación del Consejo de Comunicación y aunque no hay acuerdo entre los comisionados, pese a las reuniones del fin de semana, se conoce por las informaciones recogidas que el sector oficialista pugna por incluir delegados gubernativos en este organismo.
La Ley de Comunicación será una prueba de fuego para la democracia. Para el Legislativo en el cumplimiento de su palabra empeñada, para el Ejecutivo si sucumbe a la tentación del autoritarismo o la concepción de una comunicación enfocada desde los intereses del poder.
Una comunicación libre es uno de los más altos valores de la democracia y la vida en comunidad.